La Audiencia Provincial de Tenerife ha validado un acuerdo de conformidad que pone fin a varios años de irregularidades en la gestión de sanciones municipales en Buenavista. El jefe y otro mando de la Policía Local admitieron haber cometido un delito continuado de malversación de fondos públicos. Tras pactar con la Fiscalía, ambos aceptaron una pena de dos años de prisión, la devolución de unos 83.000 euros al Ayuntamiento y la inhabilitación para ocupar cualquier empleo o cargo público durante cuatro años. Sin embargo, no ingresarán en prisión de inmediato, ya que la ejecución de la pena queda en suspenso durante tres años, siempre y cuando no reincidan en ningún delito en ese periodo.
El acuerdo evita la celebración de un juicio con jurado, habitual en este tipo de casos, gracias a la sentencia de conformidad. Los agentes reconocieron haberse apropiado de dinero en efectivo pagado por ciudadanos, principalmente turistas, sancionados por supuestas infracciones de tráfico en el municipio. Según la investigación del Ministerio Público, estos pagos nunca siguieron el procedimiento administrativo correcto y terminaron fuera del control oficial.
Detalles del desvío de fondos
El principal responsable rellenó boletines de sanción por un total superior a 70.000 euros, de los cuales se quedó con casi 54.000. El otro mando firmó denuncias que sumaban unos 46.000 euros y se apropió de cerca de 29.000. En total, la cantidad desviada asciende a casi 83.000 euros, cantidad que ambos deberán reintegrar al Ayuntamiento.
El dinero sustraído ya ha sido depositado judicialmente y, una vez transferido a las cuentas municipales, se dará por cerrado el proceso de reparación del daño económico, lo cual facilitó el acuerdo con la acusación.
El caso salió a la luz tras la Operación Mártir, llevada a cabo por la Guardia Civil a finales del año pasado. Durante esta operación se realizaron las detenciones y se ordenó la prisión preventiva debido a dudas sobre la tramitación de numerosas denuncias. Las pesquisas sacaron a relucir un esquema recurrente durante años, consistente en el cobro en metálico a conductores sin que estos ingresos pasaran por la contabilidad oficial. Estas evidencias dieron lugar a la investigación que ahora se cierra con la aceptación de los delitos y la devolución de los fondos.
