En la Policía Local de Murcia existen distintas denuncias que están pendientes de resolución en los tribunales de justicia. Una de ellas hace referencia a una denuncia de prevaricación, acoso laboral y lesiones psíquicas interpuesta hace meses por un inspector de la Policía Local. Inicialmente, la denuncia fue archivada de manera provisional por el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, al entender que «no estaba suficientemente justificada la perpetración del hecho punible», según consta en el auto dictado por la Audiencia Provincial que ha aceptado el recurso de apelación del agente interpuesto contra el sobreseimiento.
El auto de la Audiencia ordena reabrir la causa y seguir investigando la denuncia interpuesta por el inspector contra el comisario general jefe, José María Mainar, y otro comisario de la Policía Local, a los que acusa de prevaricación, acoso laboral y lesiones psicológicas.
En el escrito que ordena reabrir el caso se indica, como justificación, que «debe adelantarse que la sala comparte con la parte recurrente que el archivo de la causa en este momento procesal, en el que no se ha podido explorar el alcance de las lesiones psicológicas del denunciante, a los efectos de que el médico forense pueda establecer la realidad de las mismas, corroborando el contenido de los partes médicos acompañados con la denuncia y su eventual conexión con la denunciada situación de hostigamiento en el trabajo, es prematuro». Así, la Audiencia entiende que «la conexión de las lesiones acreditadas mediante los correspondientes partes médicos y la denunciada conducta de hostigamiento, podría hacer que los hechos pudieran incardinarse en el tipo de delito de acoso» o de lesiones graves del Código Penal.
Hostigamiento
Añade que «de ahí que sea necesario agotar la instrucción en este sentido para poder comprobar la realidad y extensión de las lesiones y su conexión con la conducta denunciada, y de esta forma resolver sobre el archivo con mayor conocimiento de causa».
El inspector de Policía Local que denunció a los dos mandos explicó en la demanda interpuesta que venía sufriendo desde hace tiempo actos de acoso y hostigamiento en el ámbito laboral que atribuyó a «represalias por haber ejercido legítimamente sus derechos». Según indica, ese hostigamiento se produce a raíz de distintos hechos, como la impugnación de un proceso selectivo al que realizó reclamaciones, que acabaron en un expediente disciplinario, que fue revocado por sentencia judicial dejándose sin efecto.
Precisamente, la Audiencia en su auto pone el foco en esa actuación «arbitraria de los mandos policiales denunciados, al iniciar un expediente disciplinario por unos hechos que no motivaron en el pasado la citada apertura respecto de otros miembros del cuerpo de la Policía Local. Esto es, ante la apariencia de un distinto tratamiento de unos mismos hechos es necesario practicar una mínima diligencia de investigación que asegure que estamos ante hechos distintos o permita que los investigados den una explicación razonable de su actuación».
Para la Audiencia, el supuesto carácter arbitrario de la actuación de los mandos «puede deducirse sin dificultad de la inexplicable apertura de un expediente disciplinario por unos hechos que no motivaron en el pasado la apertura del citado expediente y por una conducta que la propia resolución de apertura declara como no intencional».
Presión de los altos mandos de la Policía Local
La denuncia del inspector que tendrá que volver a ser investigada no es la única que está en los tribunales y que atañe a mandos de la Policía Local. Hay otra pendiente de resolverse tras los recursos presentados por un subinspector de la Policía Local que interpuso la demanda y que fue archivada en marzo de 2024. El recurso de reforma presentado por este mando en abril de este año y aún no ha sido contestado.
En el escrito presentado por el abogado de este efectivo policial, que denuncia que se ha cometido prevaricación y acoso, se especifica que «no podemos calificar de escasa la presión de los mandos policiales sobre la persona del denunciante que está soportando la apertura de sucesivos expedientes sancionadores en contra que, lógicamente, se van archivando uno tras otro porque la prestación de servicios del subinspector es satisfactoria y profesional». Añade asimismo que «todo este esfuerzo sancionador de los mandos indicados en la denuncia es un claro marcaje al policía local que se ha atrevido a impugnar un proceso selectivo promovido por los mandos y que considera irregular».
Para su abogado, el denunciante, que lleva 30 años de servicio «sin reproche disciplinario alguno», el archivo de su denuncia le priva de obtener el amparo judicial que ha solicitado y «limita desde luego conocer cuáles han sido las verdaderas motivaciones de los mandos».