Un juzgado cree que los interinos de la Policía Local no son distintos al resto de los empleados públicos a la hora de consolidar su plaza en el proceso de estabilización que están llevando a cabo todas las administraciones públicas y que termina a final de año.
El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante), Federico Alarcon, ha informado de la existencia de una sentencia judicial que da la razón al sindicato SPPLB, que recurrió las bases de la convocatoria del proceso de consolidación de plazas de este ayuntamiento, a través del cual los casi 40 interinos de la Policía Local debían estabilizar sus puestos de trabajo. Después de esta sentencia, el proceso deberá repetirse.
En la mayoría de procesos de consolidación se valora fundamentalmente la antigüedad de los propios funcionarios, lo que supone importantes garantías a quienes ya ejercía dichos puestos en el Ayuntamiento de Torrevieja. Sin embargo, para el caso de la Policía Local, la Generalitat Valenciana incorporó otras pruebas, como un test psicotécnico y una prueba física, en base a las diferencias entre las funciones policiales y las del resto de funcionarios (como portar armas de fuego y disponer de unas condiciones físicas mínimas).
El Ayuntamiento de Torrevieja nunca estuvo de acuerdo con ese criterio, como ha recordado Alarcón, y sí con el del sindicato que pedía igualdad en la estabilización con respecto al resto de interinos. Pero, finalmente, el Ayuntamiento se vio obligado a sacar adelante las bases con los requisitos establecidos por la Generalitat, porque en caso contrario la Administración autonómica se negaba a participar en el tribunal.
Mientras ya se estaban desarrollando las pruebas -más de 150 aspirantes han sido declarados aptos tras las físicas-, el juzgado ha dado la razón al sindicato mayoritario entre los interinos. Como el Ayuntamiento no la va a recurrir el proceso comenzará de nuevo. Antes de esa decisión el Ayuntamiento consultará a la Generalitat, previa remisión de la sentencia, para que dé su visto bueno.
Es el Gobierno de España quien ha impulsado este proceso de estabilización tras varias sentencias judiciales y reclamaciones de la Unión Europea, para acabar con el gran porcentaje de empleo público en precario de muchos trabajadores, que encadenaban durante décadas contratos sin que su plaza saliera a concurso oposición. Una situación que se ha aprovechado en algunas administraciones para ejercer presión sobre personal en interinidad con el fin de plegarse a la voluntad política en el trabajo e informes técnicos bajo el temor a que la plaza se sacara a oposición. Personal que, por otra parte, accedió a su puesto tras un proceso de selectivo.
