La investigación judicial sobre el derrumbe de la pasarela de El Bocal, en Santander, que provocó la muerte de seis jóvenes y dejó a una séptima persona herida, ha dado un nuevo paso. La magistrada que instruye el caso ha citado como investigada a una agente de la Policía Local que recibió un aviso del 112 el día anterior alertando del mal estado de la estructura, pero que presuntamente no activó ningún recurso policial para verificar el riesgo.
La titular del juzgado que instruye la causa por el colapso de la pasarela situada en una zona de senda costera de Santander ha citado a declarar el próximo 27 de marzo a varias personas relacionadas con el suceso. Entre ellas figura, en calidad de investigada, una agente de la Policía Local que estaba de servicio en el Centro Coordinador de Servicios (CCS) cuando se recibió una llamada del 112 alertando de posibles problemas estructurales en la infraestructura.
Según explicó la alcaldesa de Santander, Gema Igual, el aviso se produjo el día anterior al accidente. En esa comunicación se advertía del mal estado de la pasarela y del riesgo de caída para quienes la utilizaran. Sin embargo, la alerta no se tradujo en el envío de una patrulla ni en la adopción de medidas preventivas antes de que la estructura cediera.
El desplome se produjo al día siguiente cuando un grupo de jóvenes cruzaba la pasarela, lo que provocó la caída de varios de ellos a la zona rocosa inferior. El accidente se saldó con seis fallecidos y una persona herida, lo que originó la apertura de diligencias judiciales para determinar posibles responsabilidades.
En la misma jornada de declaraciones prevista por el juzgado comparecerán también como testigos el vecino que inicialmente comunicó la situación al servicio de emergencias 112, así como la operadora que atendió la llamada y trasladó la incidencia a la Policía Local. Además, han sido citados los dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que realizaron la inspección ocular tras el siniestro.
La magistrada también ha requerido documentación a distintas administraciones. Tanto el Ayuntamiento de Santander como el Ministerio para la Transición Ecológica deberán remitir al juzgado los expedientes administrativos y los informes técnicos relacionados con el proyecto de ejecución y construcción de la senda costera en la que se encontraba la pasarela.
Por otra parte, la jueza ha ofrecido a los familiares de las seis víctimas mortales y a la persona que resultó herida la posibilidad de personarse en el procedimiento judicial como parte en la causa.
Software policial de gestión de llamadas.
En paralelo a la investigación judicial, han trascendido detalles sobre el funcionamiento del sistema de gestión de incidencias del centro policial. Según información difundida por la Cadena SER, los mandos de la Policía Local habrían rechazado en 2025 la implantación de un software específico para la gestión de avisos en el Centro Coordinador de Servicios.
El sistema, denominado “Vinfopol”, estaba previsto para integrarse con las llamadas recibidas por la Policía Local y permitir la generación automática de un registro electrónico de cada incidencia. Este programa permite realizar el seguimiento de los avisos desde su recepción hasta su cierre, evitando que queden sin tramitar.
El Ayuntamiento había preparado un contrato menor de aproximadamente 15.000 euros para instalar y probar este sistema en la central de comunicaciones policiales. Herramientas similares ya son utilizadas por otros cuerpos policiales, como Guardia Civil o Policía Nacional, así como por Policías Locales de ciudades como Pamplona, Segovia, Mérida o Terrassa.
Entre las funcionalidades del programa figura su integración con los centros de emergencias 112, lo que permite mantener una comunicación bidireccional en tiempo real para compartir información sobre emergencias ocurridas en el municipio.
La agente investigada ocupaba en ese momento el puesto de oficial responsable del Centro Coordinador de Servicios. Aunque su función principal no es la atención directa de llamadas del teléfono 092, es habitual que los mandos asuman también esa tarea debido a la carga de trabajo en la central, donde normalmente trabajan entre dos y tres agentes para atender los cinco terminales telefónicos del servicio.
