Asturias registró en 2025 un total de 139 delitos de allanamiento y usurpación de vivienda, lo que supone un incremento del 39% respecto al año anterior, el mayor aumento entre comunidades autónomas. Este repunte contrasta con el descenso del 9,4% en el conjunto de España, donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contabilizaron 14.875 casos.
El último balance del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior refleja una evolución dispar en los delitos relacionados con la ocupación ilegal de inmuebles. Mientras a nivel nacional se aprecia una tendencia descendente, Asturias experimenta el mayor incremento de todo el país, alcanzando además la cifra más alta desde que se iniciaron los registros en 2010.
En total, en España se contabilizaron 14.875 denuncias por allanamiento de morada y usurpación de vivienda durante 2025, frente a las 16.426 registradas en 2024. Este descenso del 9,4% rompe la tendencia al alza de años anteriores, aunque en términos globales las cifras siguen siendo superiores a las de hace una década.
Cataluña continúa siendo la comunidad con mayor número de casos, concentrando cerca del 40% del total nacional con 5.913 denuncias, pese a haber registrado una caída del 15,6%. Tras ella se sitúan Andalucía, con 1.909 casos (un 13,5% menos); la Comunidad Valenciana, con 1.805 denuncias (un aumento del 2,1%); y la Comunidad de Madrid, con 1.269 casos (un descenso del 12,5%).
Los datos oficiales no distinguen entre allanamiento de morada —cuando la ocupación afecta a una vivienda habitual o segunda residencia— y usurpación de inmueble, que suele referirse a viviendas vacías o propiedades de entidades. Desde el Ministerio del Interior se subraya que los casos más graves, relacionados con la ocupación de viviendas habitadas, son minoritarios frente a los de inmuebles desocupados.
En cuanto a la evolución territorial, además de Asturias, los incrementos más significativos se han producido en Extremadura (29,6%), Melilla (26,6%), Ceuta (26,3%) y Navarra (14,2%), así como en Galicia, Cantabria, Aragón, Castilla y León y el País Vasco, con subidas más moderadas.
Por el contrario, varias comunidades han registrado descensos en este tipo de delitos, entre ellas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia y La Rioja, además de las ya mencionadas Cataluña, Andalucía y Madrid.
En una perspectiva más amplia, desde 2014 las denuncias por allanamientos y usurpaciones han pasado de 10.084 a las 14.875 actuales, lo que supone un incremento acumulado del 32%, según los datos recopilados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Fuentes: “La Voz de Asturias”, y https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/datos.html?type=jaxi&title=Allanamiento%20/%20Usurpaci%C3%B3n%20inmuebles&path=/Datos11/
«En una ocupación, denunciar puede ser la vía para un desalojo inmediato»
En este contexto, desde el ámbito judicial también se ha puesto el foco en la necesidad de mejorar la respuesta institucional ante este tipo de delitos. Durante una ponencia celebrada en la UNED de Lugo, así lo indicó el magistrado Adriano Alfonso Rodríguez que también subrayó la importancia de la coordinación entre Administraciones para poder gestionar correctamente los casos de delitos contra el patrimonio como son las ocupaciones ilegales.
La conducta que se recoge en el Código Penal está contemplada en el artículo 245 que castiga por delito de usurpación al que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, con la pena de multa de tres a seis meses, no pudiendo mediar violencia o intimidación en las personas pues se agravaría considerablemente la pena.
