Lejos de lo que parece, el archivo definitivo de la denominada «Operación Pokémon» en Ourense no es una buena noticia. Es, en realidad, la confirmación de un fracaso sistémico que se repite desde hace años y que tiene siempre a los mismos damnificados: los jefes de Policía Local y, por extensión, la credibilidad de los Servicios de Policia Local.
En el caso gallego, trece años después, un juez afirma lo que muchos intuían desde el primer momento: no había pruebas. Ninguna. Ni pagos, ni resoluciones amañadas, ni tráfico de influencias. Nada. Pero durante más de una década, el entonces jefe de la Policía Local de Ourense, Álvaro Abelardo Ulloa, fue señalado públicamente, investigado, cuestionado y expuesto como presunto corrupto. Su nombre quedó asociado al descrédito, aunque hoy sepamos que todo fue humo.
Y aquí es donde empieza el verdadero problema.
El patrón repetido demasiadas veces: ruido, titulares y… archivo judicial
Pokémon no es una excepción. Es un modelo. Antes estuvo el Caso Cursach, después la Operación Enredadera, y vendrán otras con distinto nombre, pero idéntica lógica: detenciones o imputaciones espectaculares, expuestas en las televisiones, sin ningún respeto a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal; filtraciones interesadas; titulares demoledores; años de instrucción errática… para acabar inevitablemente en el archivo judicial ante la absoluta ausencia de pruebas.
Archivo sin disculpas. Sin responsabilidades. Sin reparación. Mientras tanto, la carrera profesional de los afectados quedan devastados, su prestigio personal anulado y la imagen de las Policías Locales gravemente dañada. El sistema pasa página; pero los afectados no pueden.
Jefes de Policía Local: las fáciles víctimas propiciatorias
Llama poderosamente la atención que en estas macrooperaciones siempre aparezcan jefes de Policía Local. Mandos que no tienen aforamiento, que carecen de estructuras de protección institucional y que resultan perfectos chivos expiatorios para construir relatos de corrupción municipal.
Basta con una declaración interesada, una conversación o un documento unilateral de una empresa investigada o un informe policial plagado de condicionales (“posible”, “presuntamente”, “podría”) para justificar años de investigación. Luego, cuando el castillo de naipes se derrumba, nadie responde. En el caso de Ourense, el propio juez deja claro que las acusaciones se sustentaban casi exclusivamente en declaraciones de coinvestigados no corroboradas por ningún indicio objetivo. Aun así, el daño ya estaba hecho.
La jueza instructora original fue sancionada por el CGPJ por la instrucción caótica de la causa. Pero eso no devuelve el honor perdido, ni repara el desgaste personal, familiar y profesional de quienes fueron señalados sin pruebas, solo con meras elucubraciones cargadas de prejuicios.
Lo más grave es el silencio posterior. No hay rectificaciones públicas. No hay titulares de absolución con la misma intensidad que los de la imputación. No hay mecanismos de compensación ni reconocimiento del error. El sistema se protege a sí mismo y abandona a los suyos.
En mi caso personal como uno de los «principales» investigados en la Operación Enredadera, siete años después de mi detención, un juzgado sentenció mi completa inocencia y honorabilidad al tiempo que cuantificó la indemnización por los daños que se me habían causado en la espectacular cantidad de 140 euros. Si, no es una errata: nada más y nada menos que 140 euros.
Este tipo de actuaciones no fortalecen la lucha contra la corrupción. La debilitan. Porque cuando se banaliza la imputación, cuando se convierte la sospecha en espectáculo y la instrucción en un fin en sí mismo, se erosiona la confianza ciudadana y se destruye la presunción de inocencia. Y, de paso, se transmite un mensaje demoledor a los jefes de Policía Local: puedes hacerlo todo bien y aun así acabar destruido.
Es hora de decirlo sin rodeos: estas macrooperaciones fallidas no salen gratis, solo que nunca las pagan quienes las impulsan. Las pagan los jefes de Policía Local injustamente señalados y unos cuerpos policiales que ven cómo su imagen se ensucia una y otra vez sin motivo.
Si el Estado no es capaz de investigar con rigor, prudencia y responsabilidad, al menos debería tener la decencia de asumir sus errores. Porque cuando todo acaba en nada, el daño ya es irreversible. Y eso, en un Estado de Derecho, debería ser inaceptable.
