Un agente de la Policía Local de Basauri permitió en 2019 la grabación de un vídeo en los calabozos de la comisaría municipal por parte del productor de cine pornográfico Nacho Allende Fernández, conocido como Torbe, según ha trascendido recientemente.
En el momento de los hechos, el productor vizcaíno se encontraba inmerso en un proceso judicial por delitos graves y decidió grabar el vídeo con el objetivo de denunciar lo que consideraba una situación injusta. Las imágenes muestran a Torbe accediendo a dependencias policiales de uso restringido junto a un acompañante, con la presencia y colaboración del agente, quien les permitió entrar en los calabozos. En el interior de una celda, el propio Torbe se sienta en el banco de detenidos mientras se graba el contenido audiovisual.
La entrada a la comisaría y el acceso a la zona de calabozos quedaron registrados por las cámaras de seguridad del edificio. Pese a ello, no consta que se adoptaran medidas disciplinarias en aquel momento. Esta actuación contravendría, al menos en su espíritu, lo establecido en la Ley de Policía del País Vasco, que exige a los agentes actuar con integridad y dignidad y evitar comportamientos que puedan dañar la confianza ciudadana o el prestigio de la administración.
Fuentes internas señalan que la grabación era conocida por varios agentes destinados en la comisaría, incluidos algunos mandos. El episodio se suma a un contexto interno complejo en el cuerpo policial, marcado en los últimos años por expedientes disciplinarios, conflictos laborales y un elevado porcentaje de bajas médicas.
Desde el Ayuntamiento de Basauri se ha indicado que los hechos ocurrieron cuando la actual jefatura no ocupaba puestos de responsabilidad y que ni la corporación actual ni la anterior tuvieron conocimiento de lo sucedido. El Consistorio sostiene que, de confirmarse los hechos, la actuación del agente no constituiría un ilícito penal, sino, en su caso, una infracción administrativa, que además podría encontrarse prescrita a efectos disciplinarios.
El agente implicado ha sido recientemente ascendido al rango de agente primero (cabo) tras completar un curso en la Academia de Policía y Emergencias de Arkaute. El caso ha reabierto el debate sobre los mecanismos de control interno y la necesidad de reforzar la supervisión en las dependencias policiales para preservar la imagen y la credibilidad del servicio público.
