La investigación judicial sobre los supuestos amaños en los procesos de selección de la Policía Local afecta a varios municipios de la provincia de Granada, incluida la capital. La jueza encargada del caso ha dado pasos significativos recientemente, como el levantamiento del secreto de las actuaciones el 28 de octubre, lo que ha permitido que las partes implicadas, entre ellas los ayuntamientos de Granada y Albolote, accedan al sumario y puedan personarse en la causa. La investigación se considera actualmente una macrocausa, con un total de 43 personas investigadas y tres tramas diferenciadas en Granada, Albolote y Algarinejo. Se les imputan hasta una decena de delitos relacionados con la manipulación de procesos públicos de selección.
El caso se inició en 2024 tras las denuncias de un policía en el marco de otra causa judicial. A raíz de estas denuncias, se abrieron diligencias que alcanzaron un punto clave en febrero con registros de la UDEF en la sede de la Policía Local de Granada y en oficinas municipales. Desde el principio, la jueza decretó el secreto de sumario mientras continuaban las investigaciones y nuevas diligencias. Finalmente, a finales de octubre, se levantó el secreto, permitiendo a las partes conocer los detalles de una de las investigaciones más complejas de la historia judicial de la provincia.
Implicados y estructura del presunto grupo criminal
Entre los 43 investigados figuran antiguos altos cargos de la Policía Local de Granada, destacando el anterior jefe del cuerpo, José Manuel Jiménez Avilés, cuyo papel es considerado de especial relevancia en la trama. Según la jueza, existía la intención expresa del grupo de asegurar que «el niño del jefe» y otros familiares de mandos policiales aprobaran las pruebas selectivas. La presunta organización criminal habría facilitado las respuestas de los exámenes a personas beneficiadas, en su mayoría hijos, familiares y allegados de los propios mandos implicados.
Durante la instrucción se han recabado pruebas documentales y grabaciones de conversaciones entre los implicados. Resultaron especialmente relevantes la colaboración de uno de los investigados y las declaraciones de un testigo protegido. Gracias a estas pruebas, se ha podido concluir de forma preliminar la existencia de un grupo organizado dedicado a manipular los procesos selectivos. Los delitos investigados incluyen prevaricación administrativa, extorsión, coacciones, amenazas, revelación de secretos, abuso de información privilegiada, tráfico de influencias, falsedad documental, fraude en la contratación, cohecho, omisión del deber de perseguir delitos y pertenencia a grupo criminal.
La investigación se ha centrado en cuatro convocatorias de oposiciones: dos del Ayuntamiento de Granada (años 2019 y 2022) y otras dos de los ayuntamientos de Algarinejo y Albolote. En ambos procesos de la capital, se ofertaron 40 y 32 plazas respectivamente, coincidiendo con periodos de alternancia política en el gobierno municipal. La investigación revela la existencia de conexiones cruzadas entre tribunales de distintos municipios, con policías actuando como miembros de tribunales en localidades ajenas. Como resultado, la mayoría de los seleccionados eran familiares o allegados de mandos policiales.
De los 43 investigados, veinte son mandos de la Policía Local, incluyendo al anterior jefe, subinspectores, presidentes y vocales de tribunales, representantes sindicales, funcionarios del servicio de Contratación del Ayuntamiento de Granada y un psicólogo que intervino en las pruebas psicotécnicas. El resto de los investigados son los beneficiarios del presunto fraude, muchos de los cuales ya ejercen como agentes del orden.
En la actualidad, la causa judicial cuenta con la personación de la Fiscalía y los ayuntamientos de Granada y Albolote. No se descarta la incorporación de nuevos grupos o partidos políticos como parte acusadora. El Juzgado ha ofrecido la posibilidad de emprender acciones legales a todos los opositores que se consideren perjudicados por el presunto fraude, incluyendo a aquellos que aprobaron el proceso pero no obtuvieron plaza. La jueza ha ordenado a la Policía Judicial que tome declaración a los 43 investigados, paso previo a una posible citación judicial si se confirma su imputación.
