El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido un informe complementario sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas en materia de Violencia Vicaria en el que plantea diversas observaciones técnicas y jurídicas sobre el texto impulsado por el Gobierno. El órgano considera necesario revisar varios aspectos relacionados con la privación de la patria potestad, la configuración penal de la violencia vicaria y algunas reformas incorporadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha analizado el nuevo texto del anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas en materia de Violencia Vicaria y ha emitido un informe complementario en el que realiza varias recomendaciones destinadas a mejorar la seguridad jurídica y la proporcionalidad de algunas medidas incluidas en la futura norma.
Uno de los puntos más relevantes señalados por el órgano de gobierno de los jueces afecta a la modificación del artículo 92 del Código Civil, relativo a las sentencias de nulidad, separación y divorcio. El anteproyecto prevé que la existencia de condenas firmes por determinados delitos graves contra hijos comunes o contra la esposa o pareja implique automáticamente la privación de la patria potestad.
El CGPJ considera que la medida persigue un objetivo legítimo de protección de las personas menores, pero entiende que debería incorporarse una cláusula que permita revisar esa privación cuando el interés superior del menor así lo aconseje. Para ello, propone incluir una referencia expresa al artículo 170 del Código Civil, que contempla la posibilidad de recuperación de la patria potestad en determinados supuestos.
El informe también reclama una mayor coordinación entre las consecuencias civiles y penales derivadas de las condenas. En este sentido, el órgano plantea dudas sobre la duración de la privación de la patria potestad y sobre cómo debe relacionarse con las penas accesorias que puedan imponerse en el ámbito penal.
Además, el CGPJ considera necesario aclarar qué ocurre en los casos en los que el tribunal penal no acuerde la privación o inhabilitación especial de la patria potestad por no apreciar relación directa entre el delito cometido y el ejercicio de esa función parental.
Otro de los apartados destacados del informe hace referencia al derecho de las personas menores a ser escuchadas en los procedimientos que les afecten. El anteproyecto elimina el requisito de acreditar “suficiente madurez” para ejercer este derecho, apostando por una mayor protección de la participación de la infancia y adolescencia en la toma de decisiones judiciales.
El Consejo valora positivamente este enfoque al considerar que reduce los márgenes de discrecionalidad en la valoración de la madurez de la persona menor y refuerza la efectividad de su derecho a ser oída.
En el ámbito penal, el CGPJ analiza la nueva redacción del artículo 173 bis del Código Penal, que diferencia entre violencia vicaria de género y violencia vicaria familiar. El informe advierte de posibles problemas técnicos en la delimitación de las víctimas incluidas en el segundo supuesto y considera que el alcance del tipo penal podría resultar excesivamente amplio.
El órgano también recomienda aclarar mejor la relación existente entre la víctima directa del delito grave y la persona perjudicada por la violencia vicaria familiar para evitar interpretaciones contradictorias.
Asimismo, el informe examina la incorporación de una modalidad específica de la agravante de género en el artículo 22.4 del Código Penal, aplicable a delitos cometidos con la finalidad de causar daño o sufrimiento a una mujer que sea o haya sido pareja del autor.
Por último, el CGPJ valora favorablemente los cambios introducidos en relación con la pena accesoria de prohibición de publicar o difundir mensajes, imágenes o contenidos vinculados con el delito cometido, así como la modificación de determinadas medidas cautelares previstas en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, al entender que mejoran el principio de proporcionalidad.
