Civio es una organización independiente y sin ánimo de lucro que vigila a los poderes públicos y presiona para lograr una transparencia real y eficaz en las instituciones. Su misión es acabar con la opacidad en los asuntos públicos, informando a los ciudadanos y usando la innovación para acceder libremente a la información que importa. En esta ocasión, Civio ha publicado su Informe sobre las personas fallecidas en actuaciones policiales o bajo cutodia policial en Europa.
Según un informe desarrollado por Civio, entre 2015 y 2022 fueron 162 las personas que murieron bajo custodia o en operaciones de la Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza y Mossos d’Esquadra, según datos aportados por estas instituciones. Es una cifra que no incluye a los al menos 23 fallecidos en Melilla en junio de 2022. Tampoco las muertes relacionadas con los cuerpos de Policía Local, de los que el Ministerio de Interior no recopila datos. Su número podría equipararse al de las muertes registradas en relación con la Policía Nacional, según estima Jorge del Cura, activista que lleva décadas haciendo seguimiento de este tema y que en 2019 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe).
Para esta investigación se solicitaron datos sobre muertes bajo custodia policial y en actuaciones policiales, a través de solicitudes de acceso a la información y mediante gabinetes de prensa gubernamentales, a todos los países de la Unión Europea. Se consiguieron datos de España, Alemania, República Checa, Irlanda, Hungría, Austria, Finlandia, Dinamarca, Letonia, Portugal, Francia, Países Bajos y Suecia. Cuatro países —Eslovaquia, Italia, Rumania y Estonia— se han negado expresamente a facilitar esta información y el resto ni siquiera ha respondido. Los datos ofrecidos por varios países no contemplan todos los casos.
De las 162 muertes registradas en España entre 2015 y 2022, solo en 25 casos las administraciones han facilitado información sobre la nacionalidad de la persona fallecida: en 21 de los 27 que tuvieron relación con los Mossos d’Esquadra, en tres de los cuatro con la Ertzaintza, y solo en uno de los 131 de la Policía Nacional y la Guardia Civil. En once de estos 25 casos, eran personas de origen extranjero. “Muchas veces ni ellos ni sus familias saben lo que ha pasado, no saben cómo ponerse en comunicación con colectivos de derechos humanos ni cómo actuar”, explica Del Cura, que señala que la gran mayoría de personas que mueren bajo custodia o en operaciones policiales pertenecen a colectivos vulnerables y sin medios, como personas migrantes en situación irregular.
Sufrir una enfermedad mental también es un factor importante. “Numerosas intervenciones policiales en las que ha muerto una persona están relacionadas con trastornos en la salud de estas personas y que por diferentes motivos se originan normalmente a requerimiento de familias o convivientes”, señalan desde la institución que dirige a los Mossos d’Esquadra. Desde 2015 hasta 2022 hay al menos 20 casos de muertes en contacto con las policías españolas en las que la persona fallecida sufría de una enfermedad mental o estaba en estado de agitación.
487 fallecidos entre 2020 y 2022 en trece países de la UE
Las cifras de muertes relacionadas con los cuerpos policiales en España son parecidas a las de otros Estados europeos. Entre 2020 y 2022, al menos 487 personas murieron bajo custodia o en operaciones policiales en los 13 países de la Unión Europea que han accedido a dar información o publican informes de acceso público. En números totales, según los datos obtenidos, Francia está a la cabeza: entre 2020 y 2022 contó 107. Le siguen Irlanda, España y Alemania, con 71, 66 y 60 respectivamente. Pero la información ofrecida por varios países es incompleta.
Los disparos con arma de fuego por parte de los agentes policiales son la primera causa de muerte en la UE. De las 487 personas fallecidas en contacto con la policía entre 2020 y 2022, estos trece países han dado datos de causa de la muerte en 262 casos. De ellos, 98 murieron por disparos de los agentes. 41 fueron en Francia y 27 en Alemania. Una cifra muy distinta a la registrada por España, donde solo se han registrado ocho muertes por esta causa en esos tres años, once desde 2015.
A estas muertes se suman aquellas en las que se han empleado otro tipo de armamento no letal, como las pistolas táser, en ocasiones con protocolos de uso que no cumplen las recomendaciones del fabricante. Las administraciones españolas no han dado información sobre uso de táser en las muertes relacionadas con la policía, pero en uno de los casos, el Departament de Seguretat catalán ha confirmado que hubo un arma involucrada, sin concretar cuál.
La causa de muerte más repetida en los datos facilitados por la administración española es la “natural”, con 65 personas fallecidas desde 2015, 27 de ellas entre 2020 y 2022. En al menos 16 de estos casos la persona murió cuando estaba siendo reducida por los agentes, y en cuatro de estas los datos facilitados confirman que la persona había consumido drogas.
La mayoría de estas 65 muertes consideradas naturales —36 en concreto— han tenido lugar en los calabozos policiales pero no hay más datos sobre el contexto en el que se produjeron.
Según los datos aportados, entre 2018 y 2022, al menos cuatro personas en España murieron después de que la policía les redujera y los servicios médicos les administraran sedantes. Tres de estas muertes tuvieron lugar solo en 2022.
34 suicidios bajo custodia policial en España en ocho años
La siguiente causa de muerte en España fueron los suicidios: al menos 34 entre 2015 y 2022, 21 de ellos bajo custodia policial. De los países europeos que han aportado datos de los años 2020 a 2022, España fue el país que registró más suicidios en contacto con la policía, con once casos, seguido de Francia y Dinamarca.
Investigaciones insuficientes
A pesar de que la ONU recomienda que el proceso de investigación de las muertes relacionadas con las fuerzas de seguridad esté sometido al escrutinio público, la investigación ofrecida por las distintas administraciones es muy escasa, tanto sobre cómo se ha desarrollado la investigación y sobre sus conclusiones.
En España, el Ministerio de Interior se ha limitado a señalar que en todos los casos de muerte en contacto con las fuerzas de seguridad se realiza una investigación policial, con su atestado correspondiente, que es remitido a los juzgados. Cataluña añade el juzgado donde ha recaído la causa. Tampoco existe un organismo independiente de las fuerzas de seguridad dedicado a investigar estas muertes, como sí existe en Irlanda, Portugal, Francia o Austria, donde se puso en marcha en enero de este año.
Ninguna de las dos administraciones ha dado datos sobre las conclusiones de estas investigaciones ni sobre posibles consecuencias penales o laborales de los agentes de policía involucrados. Sí lo ha hecho el Gobierno vasco, que ha sido la única administración de los trece países europeos con datos que ha confirmado la condena a prisión de agentes policiales en dos casos de muerte.
Desde 2021, año en el que España fue condenada dos veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar posibles casos de torturas o malos tratos por parte de agentes policiales, la disposición sobre este tema en los altos tribunales españoles ha cambiado. El Tribunal Constitucional ha emitido once resoluciones que obligan a los juzgados a reabrir causas archivadas sobre este tipo de hechos. Pero este año ha sido la primera vez que ha ordenado la reapertura de un caso de muerte bajo custodia.
