«Estamos en alerta máxima«. Así de contundente se ha mostrado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras la reunión del comité de crisis que ha analizado este jueves los últimos 17 asesinatos machistas en España (14 mujeres y tres niños), que han tenido lugar en abril, mayo y junio. El último mes ha sido especialmente cruento, con nueve mujeres asesinadas y un menor, lo que ha hecho saltar las alarmas. Se aproximan, además, semanas complicadas, dado que en verano se concentran el 30% de los crímenes machistas.
Por ello, el Ministerio de Igualdad ha invitado al comité de crisis -que congrega habitualmente a representantes de Interior, Justicia, Igualdad y la fiscalía-, por primera vez en esta legislatura, a todas las comunidades autónomas –dado que normalmente solo asisten las que han registrado asesinatos en el periodo analizado– y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El objetivo del Gobierno a la hora de ampliar los convocados a analizar, uno a uno, los crímenes machistas, es «reforzar la coordinación» y sumar más recursos, de ahí la invitación a la FEMP y el «llamamiento» que ha hecho Redondo, en un paréntesis de la reunión, a que se incorporen todos los municipios al sistema de vigilancia Viogén, dado que la Policía Local «es la más cercana».
Colaboración con jueces e Interior
Además, se va a reforzar la colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y con el Ministerio del Interior para «hacer un seguimiento de todos los casos» sobre los que haya alguna mínima sospecha de violencia, para «intentar que las grietas» se cierren.
De hecho, en tres de los asesinatos existían denuncias previas, dos interpuestas por la víctima o el entorno y una a través del Protocolo 0, que permite a la policía denunciar cuando tiene algún indicio. Aun así, el sistema no supo protegerlas. Son las «grietas» a las que se ha referido la ministra, en referencia a que el sistema de protección español es sólido pero, en ocasiones, se producen clamorosos fallos y es asesinada una mujer que previamente había alertado a las autoridades: de ahí la necesidad de reforzar la coordinación y los sistemas de seguimiento y vigilancia.
El entorno
Asimismo, en cuatro casos el entorno conocía que la víctima sufría violencia y en tres de ellos se comunicó a la policía, los servicios psicosociales o sanitarios, aunque sin interponer una denuncia formal. Por ejemplo, un menor lo comentó en su colegio y una hermana en la consulta del médico, pero en ningún caso sirvió para evitar el trágico final. Por eso, Redondo ha reclamado a todas las instituciones que «no dejen ningún caso» o aviso «sin seguimiento». Y ha abogado por trabajar en un protocolo que sirva para poner en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad todas los indicios.
Además, ha hecho un llamamiento al «entorno», también el laboral, a que ante cualquier sospecha denuncien para que «se movilicen todos los instrumentos». «Cuando el entorno laboral conoce o tiene indicios de algún caso, no puede omitir el deber de socorro», ha subrayado.
En este sentido, uno de los problemas fundamentales es el alto nivel de «infradenuncia», según la terminología usada por la ministra, en referencia a que la mayoría de las víctimas o bien no denuncian o, cuando lo hacen, es cuando llevan años bajo el yugo de la violencia.
Por otro lado, en los 17 casos analizados, el comité de crisis ha detectado que existían «múltiples vulnerabilidades» que se «suponen», en referencia a que las víctimas tenía dependencia económica del agresor, así como problemas de salud mental o adicciones, especialmente alcoholismo, o vivían en entornos rurales aislados o eran inmigrantes, sin red familiar de apoyo.
Españolas y extranjeras
Ante ello, la próxima semana Redondo se reunirá con la ministra de Inclusión, Elma Saiz, para buscar vías para proteger mejor a las víctimas extranjeras, que en muchas ocasiones no denuncian porque tienen miedo de ser expulsadas de España. En cualquier caso, según ha subrayado la titular de Igualdad, pese al «bulo de que los agresores son en su mayoría migrantes», estereotipo que difunde la ultraderecha, los datos demuestran que no es así.
En los 17 casos analizados, el 71% de los agresores eran españoles, igual que el 57% de las víctimas. Por otro lado, se ha detectado también que muchas de ellas son víctimas resistentes; es decir, han sufrido violencia por parte de varias parejas a lo largo de su vida. Entre los agresores también hay una elevada tasa de persistencia, en referencia a que han maltratado a varias mujeres. Es un problema conocido y por ello Interior puso en marcha un protocolo que permite alertar a las mujeres que interponen denuncia sobre si sus agresores tienen antecedentes por comportamientos violentos con parejas anteriores, para que extremen la vigilancia.
Según Redondo, seguirán trabajando en esta línea para «establecer indicadores» que permitan «avanzar y anticipar la protección» a víctimas resistentes o extremar la vigilancia a los agresores persistentes, para poder actuar antes de que se produzcan «hechos terribles».
El verano
Asimismo, a lo largo del verano se harán campañas específicas de sensibilización, se reforzarán las delegaciones del Gobierno contra la violencia de género, así como el teléfono de ayuda 016. Las autoridades, los cuerpos de seguridad y los expertos consideran que el problema estructural de la violencia de género se agrava en el periodo estival debido a que se rompen las rutinas diarias y hay más convivencia familiar, lo que puede incrementar los enfrentamientos en la pareja y el deseo de control del maltratador hacia su víctima, que posiblemente hace más salidas o tiene más relaciones sociales que en invierno.
El pasado junio fue especialmente cruento, sobre todo la última semana, dado que en apenas 48 horas se tuvo constancia de cinco crímenes. En todo el mes, murieron nueve mujeres y un menor, lo que eleva la cifra de feminicidios a 22 en lo que va de año, tres más que el año pasado. Aun así, y pese a que ninguna cifra es aceptable, se trata de uno de los registros más bajos de la serie histórica. Pero los crímenes han seguido en julio. El día 2 fue asesinada mujer de 86 años por su pareja de 90, en Asturias.
