La Junta de Gobierno Local ha autorizado la solicitud del Instituto Municipal de Asuntos Municipales (IMAS) para que la Policía Local de Cáceres, acompañada de trabajadores sociales, proceda a identificar las ocupaciones ilegales de las viviendas sociales municipales, para proceder a su posterior desalojo.
El ayuntamiento ha cifrado en 36 las viviendas municipales ocupadas ilegalmente, tras conocer el informe técnico de la situación de esos inmuebles que el consistorio había solicitado por las quejas vecinales en la barriada, debido a las okupaciones.
Dado que la identificación que se tiene actualmente de los ocupantes ilegales en el IMAS no está actualizada, se ha solicitado la asistencia de la Policía Local para la identificación y acompañamiento de los trabajadores sociales, “al objeto de poder efectuar el informe de vulnerabilidad económica solicitado, previo consentimiento de la persona ocupante de la vivienda, o acreditar el no consentimiento del estudio de su situación económica”. De esta forma, según informan fuentes municipales, se elaborará un oficio en el que se explicará a la parte actora que se requiere su autorización y estudio de vulnerabilidad económica, “previo al inicio de acciones judiciales para la recuperación de la vivienda municipal”.
