Los vigilantes municipales de Cataluña han denunciado la situación de precariedad laboral y falta de reconocimiento profesional que, según afirman, afecta a este colectivo encargado de tareas de seguridad en numerosos municipios sin Policía Local. En la actualidad, alrededor de 500 vigilantes municipales prestan servicio en unos 150 municipios, dando cobertura a cerca de 350.000 habitantes, especialmente en localidades pequeñas que no cuentan con cuerpo propio de Policía Local.
Representantes del colectivo señalan que, en muchos casos, asumen funciones similares a las de los agentes de Policía Local, pero sin las mismas condiciones laborales, salariales ni el reconocimiento administrativo correspondiente. Según denuncian, esta situación genera un sistema desigual dentro de la estructura de seguridad municipal.
Los vigilantes municipales critican además que su papel cambia según las necesidades de cada ayuntamiento, lo que provoca que en ocasiones se les exija actuar como policías y en otras se les trate como personal auxiliar.
El colectivo también alerta de deficiencias en recursos y equipamientos, así como de condiciones laborales que consideran insuficientes. Entre las principales reclamaciones destacan salarios bajos, instalaciones precarias y limitaciones en su reconocimiento profesional dentro de la administración pública.
Asimismo, señalan que la falta de una estructura profesional consolidada se traduce en plantillas muy reducidas, con cuerpos formados en algunos municipios por un único agente y en otros por una decena de efectivos.
Ante esta situación, los representantes de los vigilantes municipales reclaman una revisión del modelo de seguridad local, con el objetivo de clarificar funciones, mejorar las condiciones laborales y garantizar una mayor protección tanto para los agentes como para la ciudadanía.
El debate sobre el papel de estos profesionales vuelve así al centro de la discusión sobre la organización de la seguridad pública en los municipios catalanes.
