La Policía Local de Valencia afronta una situación de notable inestabilidad estructural. Cerca de 40 mandos intermedios continúan ejerciendo responsabilidades superiores mediante el sistema de mejora de empleo, pese a que su vigencia legal ha expirado. Según documentación facilitada a la oposición municipal, 15 inspectores e intendentes y 23 oficiales superan el límite de dos años establecido por la normativa autonómica, algunos desde abril de 2024.
La «mejora de empleo» es una figura estrictamente temporal, pensada para cubrir vacantes urgentes mientras se convocan procesos de provisión definitiva. La normativa valenciana subraya que solo puede utilizarse de manera excepcional, cuando se acredite documentalmente que no es posible la cobertura con personal funcionario de carrera. Además, la Ley de Función Pública de la Generalitat fija un límite máximo de dos años de permanencia, un plazo que numerosos nombramientos han excedido ampliamente.
Entre los casi 1.800 agentes del cuerpo, la situación afecta a diversas categorías profesionales. De los aproximadamente 50 inspectores, 21 ejercen con mejora de empleo, de los cuales 15 superan ya el límite legal. En el caso de los 40 oficiales que desempeñan puestos superiores, 23 han agotado igualmente ese plazo. Los sindicatos califican la situación de “atípica” y recuerdan que la cronificación de estas mejoras limita el derecho a la promoción profesional en la plantilla.
La inestabilidad alcanza también a los puestos de mayor responsabilidad. Valencia cuenta con cuatro comisarios principales en activo y, a finales de diciembre, uno de ellos pasará a mejora de empleo caducada. Tres de estos comisarios se encuentran ya en nombramiento temporal y no pueden concurrir a la convocatoria pública para la jefatura, cuyas oposiciones llevan meses paralizadas por la necesidad de adaptar los baremos a una sentencia judicial.
El actual jefe, Ángel Albendín, es el único con plaza en propiedad y sin impedimentos jurídicos, por lo que previsiblemente consolidará su puesto sin competencia. A este panorama se suma un escenario de jubilaciones inminentes: 31 agentes deberán retirarse forzosamente en 2027, un tercio de la plantilla supera los 25 años de servicio y más de 175 agentes menores de 55 años se encuentran ya en segunda actividad o en puestos administrativos.
Ante esta situación, el Partido Socialista presentó en comisión de Seguridad una moción para impulsar un plan de estabilización que permitiera regularizar las plazas, programar las oposiciones pendientes y priorizar la cobertura definitiva de los puestos ocupados en mejora de empleo. La propuesta fue rechazada por PP y Vox, que gobiernan el Ayuntamiento de Valencia con la aprobación de una resolución genérica para “seguir priorizando” la cobertura de plazas y reforzar la plantilla.
