La oficina municipal contra la ocupación ilegal de viviendas puesta en marcha en València hace un año registra un balance de actividad muy reducido. Según los datos conocidos recientemente, este servicio apenas gestiona una media de dos solicitudes al mes relacionadas con posibles casos de usurpación u ocupación de inmuebles.
El organismo fue creado en marzo de 2025 por el gobierno municipal con el objetivo de ofrecer asesoramiento y apoyo a propietarios ante posibles situaciones de ocupación. Sin embargo, su función principal se limita a tareas de mediación entre las partes implicadas, ya que no tiene capacidad de intervención directa cuando el caso se encuentra judicializado o pasa a manos de los tribunales.
En términos operativos, la oficina cuenta con varios agentes adscritos a la Policía Local, aunque en la práctica solo uno de ellos se dedica casi de forma exclusiva a los expedientes que llegan. Desde su apertura se han tramitado alrededor de veinte solicitudes, la mayoría relacionadas con usurpaciones, lo que refleja una demanda relativamente baja del servicio. Las llamadas relacionadas con posibles ocupaciones que llegan al teléfono de emergencias policiales pueden ser más numerosas, aunque muchas de ellas no se corresponden finalmente con casos reales ni requieren intervención policial.
Algunos sectores políticos de izquierda cuestionan la utilidad de este recurso por el escaso número de actuaciones y el balance del primer año pone sobre la mesa el debate sobre el papel de este tipo de servicios municipales y su encaje dentro de las competencias policiales y administrativas en materia de vivienda y convivencia.
