La investigación judicial sobre el colapso de la pasarela de El Bocal, en Santander —un suceso que causó la muerte de seis personas— sigue poniendo el foco en la actuación de la Policía Local y, en particular, en las condiciones operativas y formativas del servicio. En este contexto, el Ayuntamiento ha reconocido ante la jueza instructora que la agente investigada apenas recibió formación en materia de emergencias.
Según la información trasladada al juzgado, la única formación relacionada con esta materia que consta en los registros policiales se remonta a 2017, cuando la agente participó en una sesión de aproximadamente dos horas sobre el Plan de Emergencias Municipal (PEMUSAN), impartida por personal técnico municipal. Esta acción no tenía carácter de curso especializado ni estaba orientada específicamente a la gestión de situaciones de derrumbe.
La respuesta del Ayuntamiento se produce tras la solicitud expresa de la magistrada, que investiga si los agentes encargados de la gestión de avisos —como el recibido desde el 112 alertando del mal estado de la pasarela— contaban con formación adecuada para intervenir en este tipo de situaciones. En su informe, la Jefatura de la Policía Local reconoce que no se han impartido cursos específicos en gestión de emergencias o actuación ante derrumbes en los últimos años.
Los hechos que se analizan en el procedimiento judicial sitúan a la agente en el centro de coordinación policial el día previo al accidente. Según consta en la investigación, recibió un aviso procedente del 112 sobre el deterioro de la estructura, que fue anotado, pero sin que se activaran actuaciones posteriores, como la movilización de recursos o la comunicación a otros organismos competentes.
Este escenario ha reabierto el debate sobre la preparación operativa de los servicios policiales en la gestión de emergencias y sobre la existencia —o ausencia— de protocolos claros de actuación. Desde el propio Ayuntamiento se ha señalado que la formación de los agentes no depende directamente del cuerpo policial, sino de otras administraciones, lo que introduce un elemento adicional en la valoración de responsabilidades.
En conjunto, la causa judicial no solo trata de determinar posibles responsabilidades individuales, sino que también pone de relieve posibles déficits estructurales en la organización del servicio, especialmente en aspectos clave como la formación, la coordinación y la gestión de incidencias críticas. La evolución del procedimiento será determinante para esclarecer tanto los hechos como el alcance de las responsabilidades derivadas de uno de los sucesos más graves registrados en la ciudad en los últimos años.
