En los últimos cinco años, 28 ayuntamientos de la Región de Murcia han instalado alrededor de mil cámaras de vigilancia. Este incremento responde a la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la prevención de incidentes en espacios públicos. En marzo de 2024, el alcalde de Las Torres de Cotillas, Pedro José Noguera, anunció una inversión de 100.000 euros en nuevos dispositivos para el control del tráfico y la protección de zonas públicas. De forma similar, el Ayuntamiento de Los Alcázares, bajo la gestión de Mario Pérez Cervera, implementó una medida equivalente.
Opiniones de autoridades locales
La concejal de Policía de Los Alcázares, Mari Carmen Guevara, subrayó que la seguridad es prioritaria para el equipo de gobierno y que la tecnología permite disuadir delitos y responder de manera eficaz. Explicó que el sistema de videovigilancia ahora abarca 22 cámaras situadas en puntos estratégicos, como entradas, salidas y áreas de alta concurrencia, entre las que destacan la Plaza del Espejo y la Torre del Rame. Por su parte, el concejal de Nuevas Tecnologías, Eufemio Pacheco, resaltó la importancia de estas herramientas para reforzar el trabajo de la Policía Local y facilitar el seguimiento de incidencias.
Expansión del sistema en distintos municipios
El crecimiento en la colocación de cámaras de videovigilancia es un fenómeno que atraviesa municipios tanto del interior como de la costa, gestionados por diferentes partidos políticos. En total, 28 de los 45 municipios de la Región han recibido autorización para instalar 945 cámaras dedicadas a la seguridad ciudadana. Solo en el presente año, diez localidades han sumado 109 cámaras, mientras otras solicitudes están pendientes de resolución.
Entre los municipios con mayor número de cámaras destacan:
- Murcia: 245 cámaras
- Molina de Segura: 186 cámaras
- Cieza: 51 cámaras
- Yecla: 36 cámaras
- Fuente Álamo y Lorca: 30 cámaras cada uno
Estas cifras se complementan con los dispositivos situados en tramos urbanos de carreteras, que no solo supervisan el tráfico, sino que también contribuyen a la prevención y resolución de incidentes.
Aspectos legales y protección de datos
Para instalar cámaras de tráfico en áreas urbanas, los ayuntamientos pueden proceder sin autorización de la DGT ni de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia. Sin embargo, cuando el objetivo es la seguridad ciudadana, sí se requiere la autorización de la Comisión, compuesta por representantes judiciales y administrativos, así como por posibles expertos en seguridad.
La Delegación del Gobierno destaca que el uso de videovigilancia se ha vuelto más accesible y aceptado socialmente, siempre que se implante bajo un marco legal que garantice los derechos de la ciudadanía y se coordine con las fuerzas de seguridad estatales. Además, la Ley Orgánica de Protección de Datos exige transparencia e información clara a la población sobre el uso y la finalidad de estas tecnologías, basándose en criterios de proporcionalidad y justificación objetiva.
Inversión en infraestructuras tecnológicas
La adquisición de cámaras implica inversiones considerables por parte de los ayuntamientos, que también adaptan las redes informáticas y de telecomunicaciones para el procesamiento de imágenes en las salas de control de las Policías Locales.
Un caso ejemplar es el de Beniel, donde la alcaldesa Mari Carmen Morales aprobó en 2024 una partida de 70.000 euros para el arranque del sistema y la instalación de las primeras cinco cámaras. Recientemente, el municipio recibió autorización para ampliar el número de dispositivos, con prioridad en la seguridad en la vía pública.
En Alguazas, gobernado por José Gabriel García, el sistema consta de unas 50 cámaras destinadas principalmente al control del tráfico. Por su parte, en Cieza, bajo la dirección de Tomás Rubio, algunas cámaras están instaladas cerca de contenedores y farolas para asegurar el cumplimiento de las ordenanzas municipales sobre la gestión de residuos.
