Francisco Tobaruela Tejero. Intendente jubilado de la Policía Local de Córdoba
En una publicación fechada a finales del pasado mes de octubre, SeguCITY Digital se hacía eco de una información que daba cuenta de que en la Guardia Civil de la demarcación de Huelva, había pasado a ser habitual el equipamiento con fusiles de asalto en su lucha contra el narcotráfico en la zona; y es que desde hace tiempo, entre las bandas y grupos que se dedican al tráfico de estupefacientes en todo el litoral sur de España, desde Huelva a Almería, se vienen detectando cambios de conductas en sus métodos de funcionamiento; habiéndose incrementado sensiblemente los comportamientos violentos de estas bandas en sus enfrentamientos con las fuerzas del orden o contra grupos rivales; bandas o grupos a quienes en ocasiones se les han ocupado en alguna detención armas largas e incluso armas de guerra, tales como los llamados fusiles de asalto.
Dentro de estos cambios detectados en las formas de actuar de estos grupos delincuenciales, uno de ellos ha sido la radical modificación que han introducido respecto del método empleado para alijar las sustancias estupefacientes. Anteriormente, los narcotraficantes llegaban con sus potentes lanchas de casco semirrígido y cuatro o más motores hasta la costa; tras dejar su carga, permanecían haciendo trabajos menores en tanto recibían el encargo de hacer un nuevo viaje de aprovisionamiento de sustancias.
Este método de actuación se vieron obligados a modificarlo cuando, con ocasión de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2018, quedó prohibido el uso de las embarcaciones denominadas narco-lanchas y se posibilitó la intervención de éstas cuando fuesen detectadas navegando en aguas territoriales. Esta intervención y posibilidad de ser decomisadas se posibilitó mediante la técnica jurídica de darle a estas embarcaciones el carácter de “genero prohibido”, con lo que, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 12 del artículo 1 de la Ley Orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando, éstas podían ser decomisadas.
El alto coste de este tipo de embarcaciones hizo que los narcotraficantes redujesen drásticamente el acercamiento a la costa de estas lanchas ante la posibilidad de que les fuesen decomisadas, llegando a ellas únicamente en el momento de alijar, retirándose posteriormente hacia altamar donde se vuelven muy difíciles de detectar.
Esa medida, que significaba para los narcotraficantes la nada despreciable ventaja económica de evitar perder gran número de esas embarcaciones, supuso por el contrario la dificultad de aprovisionar de combustible esos barcos cada vez que tenían que acudir a cargar sustancias y posteriormente desplazarse a descargarlas.
Para solucionar esa problemática que se les presentaba, el mundo del narcotráfico acordó “construir autenticas gasolineras en medio del mar o del océano” creando infraestructuras y situando depósitos de combustible desde los que aprovisionar para cada viaje a las narcolanchas.
Con objeto de poder mantener abastecidos esos depósitos, desde el mundo del narcotráfico se ha dispuesto todo un sistema logístico para asegurar que el combustible esté disponible cada vez que una embarcación tiene que hacer el trabajo de recoger y entregar la droga.
De este modo, en tierra se crean “lonjas” de gasoil –de cuanta más calidad mejor-, las cuales aprovisionan pequeños porteadores –generalmente en furgonetas- y desde las que a intervalos se organizan expediciones en embarcaciones para su traslado hasta las gasolineras en altamar.
El dinero fácil y abundante que circula por el mundo el narcotráfico permite que puedan ofrecer a diversas personas –generalmente jóvenes sin trabajo y de muy baja economía- recoger en garrafas grandes el gasoil comprándolo en gasolineras y trasladarlo hasta alguna de las lonjas en tierra.
Para el mundo del narcotráfico es sencillo comprar el trabajo de jóvenes de entre dieciséis y veintipocos años, a quienes pagan entre siete y diez euros por garrafa de gasoil entregada en la lonja. Jóvenes que hacen el trabajo utilizando furgonetas robadas o muy viejas –que no importará si son intervenidas- y que para el llenado de las garrafas se van a desplazar de noche a cualquier gasolinera automatizada, por tanto sin personas que les vean; trasladando el combustible hasta el local, almacén, nave industrial, e incluso vivienda, donde se les haya indicado.
Este tipo de petaqueros son gente que trabajaba haciendo pequeños trabajos de vigilancia o de traslado de sustancias para los narcotraficantes, y que ahora pueden ingresar incluso mayores cantidades de dinero haciendo un trabajo que conlleva incluso menos riesgos.
Tal como dicen estos mismos jóvenes, “Ganamos ahora más dinero, con la ventaja de que antes, si te detenían, ingresabas en la cárcel; mientras que ahora, si te pillan, todo lo más que te puede pasar es que te pongan una multa”
Graves riesgos para la población con esta nueva modalidad
Este giro dado por el mundo del narcotráfico en las costas andaluzas, en mor precisamente de la nueva logística utilizada, ha supuesto la apertura de nuevas situaciones de riesgo para el conjunto de la población, quiénes se ven sometidos a potenciales riesgos de incendios y explosiones provocados por el almacenaje de grandes cantidades de combustible inflamable sin ninguna condición de seguridad.
La alarma entre la población es mayor en la medida que se conoce que estas “lonjas de combustible” se crean incluso en núcleos poblados; y que ya han sido numerosas las ocasiones en que se han producido durante el almacenaje incendios y explosiones.
El riesgo es múltiple -se comenta entre los habitantes de la zona- pues han sido numerosas las ocasiones en que se ha originado el incendio de alguna embarcación cargada de combustible sin medidas de seguridad y dispuesta para acudir a abastecer a las gasolineras del mar; ocurriendo que estos siniestros han provocado el incendio de otras embarcaciones que estuviesen cercanas.
Respuesta a esta nueva problemática
Conocido es que el mundo de la criminalidad crea, innova y va diseñando de forma constante nuevas maneras y formatos de llevar a cabo todas esas actuaciones que se califican como ilícitas. Y que desde todos los cuerpos de seguridad e instituciones encargados de reprimir la criminalidad y la delincuencia (Judicatura, Fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Vigilancia Aduanera), se van acometiendo contramedidas tratando de dar una respuesta legal a cada cambio que se origine en las formas delincuenciales.
En este eterno intento de los encargados de perseguir las diferentes formas delincuenciales por aplicar la ley de forma eficaz, y visto el grave riesgo para la población de un método de transporte de gasolina que para quienes lo llevan a cabo no les supone más que una multa administrativa; la actual Fiscal Antidroga de Andalucía, Ana Villagómez, ha creído encontrar el resquicio legal para poder aplicarles a estas conductas el artículo 568 del Código penal; que impone penas de cuatro a ocho años de prisión a quien tenga, transporte o deposite sustancias o aparatos explosivos, inflamables e incendiarios.
Inicialmente, este movimiento judicial permitió a las fuerzas de seguridad comenzar a detener a los narcogasolineros e imputarles un ilícito penal, pudiendo por tanto ingresar en prisión provisional.
No obstante lo voluntarioso de la fiscalía antidroga, en los primeros juicios celebrados por infracciones de este tipo ante la Audiencia Provincial de Cádiz, y en los que se había considerado delito la tenencia de gasolina, en base a la aplicación del artículo 568 Cp, hubo Secciones de la Audiencia que lo estimaron delito y así lo condenaron; aunque luego hubo otras Secciones que se apartaron de ese criterio y negaron la posibilidad de considerar como delictivas las conductas llevadas a cabo por los petaqueros en su actividad de transporte y almacenaje de combustible.
Esta importante disquisición jurídica ha llevado a las Fiscalía Antidroga de Andalucía a instar al Gobierno de la nación a introducir modificaciones en la legislación penal que incluyan una redacción que abarque estas nuevas formas delictivas.
