José Francisco Cano de la Vega. Director de SeguCITY.
Mi formación académica es la Sociología y las Ciencias Políticas y, evidentemente, esa formación siempre me ha ayudado a realizar una valoración de la realidad que no sólo tiene en cuenta los aspectos jurídicos. Por eso, en este artículo de opinión, voy a desarrollar un enfoque eminentemente socio-político de este asunto, poniéndolo en relación directa con la gestión del Gobierno Municipal.
En términos generales, en los ayuntamientos no se otorga gran importancia a las políticas locales en materia de convivencia, seguridad ciudadana y seguridad vial. Y, aún más, se las entiende como “un marrón” y una competencia “maría”[1]. De hecho, en el ranking de importancia de las concejalías, la de seguridad ciudadana (salvo honrosas excepciones o en situaciones muy concretas) se la sitúa entre los últimos puestos, a diferencia de las de Hacienda o Urbanismo.
La valoración municipal de las competencias en seguridad ciudadana.
Hay varias razones que favorecen esta perspectiva. En primer lugar, la falta de claridad y concreción de las competencias municipales en materia de seguridad ciudadana y convivencia, que facilitan la derivación política de los problemas hacia las delegaciones del gobierno o hacía las consejerías de Interior, en las comunidades autónomas que asumen competencias en materia de seguridad ciudadana.
También, que la seguridad es un concepto intangible, con el que resulta más difícil obtener réditos políticos que en otras áreas de gobierno[2], ya que no se valora la ausencia de problemas y, al contrario, se hace de forma muy crítica cuando la situación empeora. Otro factor importante es la conflictividad laboral de las Policías Locales. Y, por último, la extendida creencia en la política municipal de que la represión policial[3] “quita votos”.
Todo lo anterior tiene claras consecuencias en la política municipal de seguridad, por ejemplo:
- Las personas que ejercen la responsabilidad de las concejalías de seguridad ciudadana tienen menos capacidad de influir en las decisiones del Gobierno Municipal.
- A excepción del capítulo dedicado a retribuciones de personal, que suelen ser muy abultados, los recursos económicos (para inversiones en vehículos, equipamiento, etc.) suelen estar bastante limitados.
- La subordinación del Gobierno Municipal a las Delegaciones del Gobierno (e incluso a los jefes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) impide desarrollar políticas locales de seguridad ciudadana eficaces. Y, más aún, es alarmantemente frecuente que estas políticas públicas sean inexistentes, mientras que si se desarrollan en otros ámbitos como el transporte público, el urbanismo, la juventud, igualdad, etcétera.
A partir de ahí, se pueden establecer matices. Aunque no hay diferencias sustanciales, en el espectro político de la derecha las competencias en seguridad ciudadana y seguridad vial está mejor mirada que en el de la izquierda. Y, en la medida de que los municipios sean de mayor tamaño, la atención política a estas competencias también crece sustancialmente.
La izquierda y la seguridad.
Por su particularidad, me ha parecido interesante dedicar un apartado específico a la seguridad desde la óptica de la izquierda política, porque la visión de la seguridad ciudadana por buena parte de la izquierda española todavía está muy condicionada por su experiencia histórica en los años de la dictadura franquista.
Las fuerzas políticas que configuran la izquierda, durante mucho tiempo, han ligado el concepto de Seguridad a otros que tan sólo les son complementarios, como Policía o Represión.
El slogan “Disolución de los cuerpos represivos” de los años finales del franquismo fue sustituido por otros menos contundentes, como “Menos policías, más guarderías”, de la transición democrática. Pero todavía es posible oír a líderes de la izquierda -con no poca frecuencia- que dicen frases como: “… hay que invertir más en trabajadores sociales, para no tener que invertir después en policías…”, que no es cosa muy distinta a anteponer la sanidad a la educación, por poner un ejemplo.
La cuestión es que muchos líderes y militantes de izquierda -no así sus votantes- todavía sienten en su interior que “la Seguridad es cosa de derechas” o, en todo caso, que la política de seguridad es “un mal necesario”, algo que se ve obligado a hacer un gestor público de izquierda, pero que realmente no aporta mejoras a la calidad de vida de la ciudadanía.
Pero el caso es que debería ser todo lo contrario. La Seguridad Pública representa una garantía de igualdad y la condición indispensable para el ejercicio de la libertad, conceptos ligados históricamente a la lucha por el progreso social. Y, viceversa, la inseguridad representa, sobre todo, una amenaza para los más vulnerables, porque cuando la seguridad pública no existe, o funciona mal, las personas ricas siempre tienen la opción de pagarse su propia protección.
La realidad es que la izquierda ha tardado mucho en comenzar a construir un discurso propio y diferenciado en materia de seguridad, y todavía hoy es bastante confuso. Lo que bien podría llamarse el miedo a la seguridad de la izquierda ha hecho que el hincapié en analizar las causas que generan el crimen y las conductas asociales, así como la promoción de las políticas de bienestar social para prevenir la marginalidad, han ocultado mucho sus alternativas para mejorar la seguridad ciudadana en el aquí y en el ahora.
Eso le ha restado credibilidad ante la sociedad en esta materia. Y no se debería olvidar que, desde hace años, los problemas relacionados con la inseguridad ocupan uno de los lugares más relevantes entre las preocupaciones ciudadanas. Parece que la izquierda se limita a lanzar un mensaje que ofrece soluciones a muy largo plazo: “Cuando resolvamos la desigualdad social, acabaremos con el crimen y la delincuencia”. Lógicamente, la sociedad contesta: “Muy bien, pero, mientras tanto ¿qué pasa? ¿cómo solucionamos hoy los problemas de nuestros barrios? ¡largo nos lo fiais!”. Y, todo ello, sin olvidar que las sociedades más igualitarias, tanto las de los regímenes totalitarios, como las residentes en los regímenes socialdemócratas de bienestar, nunca lograron acabar con la criminalidad.
Pero, como ocurre con el resto de los grandes temas que preocupan a la sociedad, la izquierda necesita ofrecer a la ciudadanía un programa político en materia de seguridad que recoja propuestas diferenciadas de la derecha, atractivas, razonables y eficaces. Un programa para mejorar la seguridad ciudadana que no necesite “camuflarse” con las propuestas sociales para “ser de izquierdas”. Desgraciadamente, hasta ahora eso no ha resultado posible, al menos de forma general y sistemática.
[1] Aunque afortunadamente está expresión machista ya está muy en desuso, durante mucho tiempo se consideraron “asignaturas maría” aquellas que resultaban fáciles de aprobar y a las que no se daba importancia, como la religión y la educación física, por ejemplo.
[2] La ausencia de graves problemas en materia de seguridad ciudadana y seguridad vial se valora por la ciudadanía como es “estado normal de las cosas” y no se entiende como fruto de una determinada gestión, pero cuando esos problemas de ponen de manifiesto (ha habido un atropello por exceso de velocidad, se producen algunos robos en domicilios, se focaliza en un punto del barrio el trapicheo de drogas…), rápidamente se exigen soluciones al ayuntamiento, al que se responsabiliza de la existencia de ese problema por una gestión ineficaz.
[3] Incluimos en este concepto las denuncias administrativas (en el ámbito de tráfico, ordenanzas municipales, etcétera) y, por supuesto, las actuaciones por infracciones penales en materias donde existe una determinada tolerancia social, como los delitos contra la seguridad vial.