La Audiencia Provincial ha celebrado este 18 de diciembre una vista previa en relación con el procedimiento judicial abierto por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, con el agravante de tratarse de un funcionario público, vinculado a la supuesta filtración de un examen de acceso a la Policía Local celebrado en 2022.
La causa afecta al que fuera responsable de la Jefatura de la Policía Local de Cáceres, actualmente en situación de segunda actividad, así como a un segundo encausado relacionado con la actividad formativa en una academia de preparación de oposiciones. Al no alcanzarse un acuerdo de conformidad entre las partes, el órgano judicial ha fijado la celebración del juicio oral para el próximo 3 de marzo.
Durante la vista, la defensa del principal acusado manifestó que no contempla ningún tipo de acuerdo, al considerar que no existe prueba de cargo suficiente que sustente la acusación. En este sentido, el letrado subrayó que el escrito del Ministerio Fiscal no concreta aspectos esenciales, como el momento en el que supuestamente se habría producido el descubrimiento del secreto, y reiteró la convicción de que no hay evidencias que acrediten la comisión del delito imputado.
La acusación pública solicita para este encausado una pena de dos años y seis meses de prisión, así como una inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cinco años, por la supuesta filtración de una prueba selectiva correspondiente a una convocatoria de ocho plazas de la Policía Local celebrada en septiembre de 2022.
En la misma causa figura un segundo acusado, para el que la Fiscalía interesa una pena de cinco años de prisión, además de la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y de disfrutar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de diez años, así como una multa económica vinculada al presunto beneficio obtenido.
La defensa ha destacado que el proceso selectivo se desarrolló con normalidad, que las plazas fueron adjudicadas y que los agentes seleccionados se encuentran actualmente en servicio, sin que consten reclamaciones administrativas ni resoluciones que cuestionen la legalidad del procedimiento.
Según el escrito de acusación, la presunta revelación de información se habría producido mediante el envío de mensajes, audios y archivos en formato digital a través de una aplicación de mensajería instantánea. No obstante, la defensa sostiene que el principal acusado no participa ni aparece en dichas comunicaciones, considerándolo completamente ajeno a las mismas.
Asimismo, la Fiscalía ha propuesto la incorporación de un nuevo testigo, mientras que la defensa ha cuestionado la falta de transparencia en torno a la principal prueba del procedimiento, centrada en los mensajes digitales aportados a la causa. El juicio oral permitirá esclarecer los hechos y valorar las pruebas presentadas por las partes.
