El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dictado una sentencia por la que obliga al Ayuntamiento de Cadrete a adoptar medidas efectivas para poner fin a las molestias acústicas provocadas por los ladridos continuados de los perros pertenecientes a varios vecinos de una calle de esta localidad zaragozana. La resolución judicial impone al consistorio el deber de garantizar que dichos ruidos no superen los niveles máximos de decibelios legalmente establecidos en la normativa vigente sobre contaminación acústica.
La sentencia, notificada a las partes el pasado 5 de diciembre, subraya la obligación de la administración local de actuar de manera diligente y activa en el ejercicio de sus competencias en materia de salubridad, medio ambiente urbano y convivencia vecinal. En este sentido, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo consideran insuficiente una actitud meramente pasiva o tolerante por parte del Ayuntamiento y le exigen que requiera formalmente a los propietarios de los animales la adopción de medidas correctoras eficaces para evitar la persistencia de las molestias.
El fallo judicial recuerda que las corporaciones locales no solo tienen potestad, sino también responsabilidad legal, para prevenir y corregir situaciones que vulneren el derecho de los ciudadanos al descanso, a la intimidad domiciliaria y a un medio ambiente adecuado, derechos que pueden verse afectados por la exposición continuada a niveles de ruido superiores a los permitidos. En consecuencia, el tribunal establece que corresponde al gobierno municipal determinar el marco normativo concreto aplicable —ya sea a través de ordenanzas municipales, bandos u otros instrumentos reglamentarios— así como los mecanismos de control, inspección y, en su caso, sanción.
Asimismo, el TSJA fija un plazo máximo de cuatro meses para que el Ayuntamiento adopte las medidas necesarias y ponga fin de manera efectiva a la situación denunciada, advirtiendo implícitamente de las posibles responsabilidades administrativas o judiciales derivadas de un eventual incumplimiento. La sentencia refuerza así la doctrina jurisprudencial que exige a las administraciones públicas una actuación proactiva frente a los problemas de contaminación acústica, incluso cuando estos tienen su origen en conductas privadas, como es el caso de los animales domésticos.
