El pasado 21 de junio, el Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF) presentó una denuncia ante el Ministerio Fiscal de La Rioja contra Raúl Riaño, Alcalde de Santo Domingo de la Calzada. La denuncia alega “un presunto delito de quebrantamiento de condena y otros posibles delitos asociados, como prevaricación omisiva y desobediencia grave”.
La situación, según el sindicato, tiene su inicio en abril de 2022, cuando el entonces alcalde y actual miembro del Parlamento Riojano por el Partido Popular, David Mena, “echó a la calle a un funcionario agente de policía, con motivo de un expediente disciplinario por una supuesta infracción muy grave.” Este funcionario llevó el caso ante los tribunales y, durante dos años y medio, “ha demostrado su inocencia en todos los juicios a los que Santo Domingo le ha obligado a acudir,” enfrentando apelaciones sistemáticas del Ayuntamiento.
El caso pasó por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Logroño, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y, finalmente, el Tribunal Supremo en Madrid. El 29 de mayo, el Tribunal Supremo inadmitió la última apelación del Ayuntamiento, ratificando la inocencia del agente de policía y ordenando su “reincorporación inmediata con todos los derechos inherentes de los que fue ilegalmente privado (sueldo no percibido en estos años, vacaciones, días de asuntos particulares, etc. con los preceptivos intereses de demora).”
A pesar de esta “sentencia firme”, han pasado más de dos meses “sin que el alcalde Riaño haya cumplido con la orden judicial”. Según el SRPF, “nuestro compañero ha solicitado oficialmente su reincorporación inmediata, en nada menos que en seis ocasiones, siendo ignorado de manera intencionada por el ayuntamiento; incluso advirtió en las solicitudes que de no cumplimentarse de manera inmediata el fallo del Tribunal Supremo se estaría incurriendo en un delito de desobediencia por prevaricación omisiva y se activarían acciones penales contra aquellas personas que pudiendo haber dado cumplimiento a la resolución judicial citada no se hubieron prestado a ello, pero ni por esas.”
El sindicato espera “una resolución rápida y contundente”
La Fiscalía remitió los autos al Juzgado nº1 de Haro el 4 de julio, y ahora se espera su sentencia. El SRPF ha enfatizado la necesidad de “una resolución rápida y contundente” para poner fin a lo que consideran un tormento prolongado e injusto para el funcionario despedido. “Este funcionario lleva sin trabajo de manera injusta dos años y medio por un expediente disciplinario falso, y porque el Ayuntamiento ha apelado todas las sentencias para alargar su tortura; y ahora que la sentencia es firme, el Alcalde se niega a cumplir la condena desobedeciendo a la Justicia Española. Es por esto que el Juzgado nº1 de Haro debe resolver este asunto cuanto antes, para no dilatar más el tormento que se le está provocando a nuestro delegado; por otro lado, el castigo debe ser ejemplarizante, pues hablamos de unos delitos muy graves que conllevan penas de multa, inhabilitación para cargo público, etcétera”, señalan.
