La Policía Local ejecutó en la mañana de este miércoles una orden judicial de desalojo en un piso okupado del número 21 de la avenida Rodríguez de Viguri, que funcionaba como punto de venta de drogas desde hacía más de dos años.
Hasta tres patrullas se desplazaron al inmueble, donde todavía residía el okupa. El hombre, que se había apropiado de la vivienda en 2021 tras dejar en la calle a la arrendataria, no opuso resistencia a los agentes y abandonó el piso sin incidentes.
El procedimiento judicial para recuperar la propiedad se prolongó durante 30 meses, un tiempo en el que la convivencia vecinal se vio gravemente deteriorada. Residentes del bloque y del entorno denunciaron reiteradamente agresiones, amenazas e inseguridad vinculadas a la actividad del inmueble.
El propietario recuperó finalmente el piso, que presentaba importantes destrozos y daños por un incendio reciente. La desokupación quedó oficializada con el cambio de cerradura en presencia de la Policía Local.
En declaraciones a El Correo, uno de los afectados señaló: “Hemos tenido que soportar dos años y medio de indefensión total; la convivencia fue un infierno en todo el barrio, con denuncias continuadas por palizas, problemas de inseguridad y amenazas”.
Horas extras sin cobrar.
En otro orden de cosas, se está generando un profundo malestar entre los agentes de la Policía Local de Santiago debido al transcurso de diez meses y medio sin percibir el pago de las horas extra que se ven obligados a realizar para garantizar el funcionamiento mínimo del cuerpo, actualmente en su nivel más bajo de efectivos en décadas. La última regularización de estos abonos por parte del Concello se produjo en noviembre de 2024.
