Tres agentes destinados en la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Madrid (USECIC) de la Guardia Civil se sentarán en el banquillo acusados de haber desarrollado, presuntamente, una dinámica continuada de extorsiones, amenazas, agresiones y uso indebido de bases de datos oficiales mientras se encontraban en servicio activo, principalmente en el entorno de la Cañada Real Galiana.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía de Madrid, los agentes habrían actuado “abusando del ejercicio de su cargo y prevaliéndose del mismo”, utilizando información reservada de los sistemas policiales como herramienta para chantajear a personas con causas judiciales pendientes y proteger a terceros al margen de la legalidad.
La Fiscalía sostiene que uno de los acusados accedía de forma reiterada e injustificada a las bases de datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para localizar a personas con órdenes de búsqueda o ingreso en prisión. En uno de los casos, el agente habría detectado que un vecino de la Cañada Real tenía una orden judicial firme de ingreso en prisión y, lejos de cumplir con su obligación legal, habría iniciado un chantaje económico a cambio de no denunciarlo ni ponerlo a disposición judicial.
Según la acusación, el sistema se mantuvo durante meses mediante pagos periódicos, alcanzando una cantidad total de 8.000 euros, apoyado en amenazas y presiones ejercidas incluso a través de intermediarios. La omisión deliberada de la detención habría sido, para el Ministerio Público, el elemento clave que permitía mantener la extorsión de forma continuada.
Consultas ilegales y cesión de información confidencial
El escrito describe también otros episodios en los que el agente habría consultado sin justificación operativa la situación procesal de terceras personas, trasladando posteriormente esa información reservada mediante mensajes privados. Estas consultas reiteradas, realizadas “aprovechando su condición de agente”, evidenciarían —según la Fiscalía— un uso personal y consciente de datos protegidos, así como la falta de comunicación a la autoridad judicial de órdenes de detención en vigor.
La acusación incluye además la elaboración de documentación falsa, consistente en una denuncia por pérdida de documentación que no se había producido, confeccionada con formularios oficiales, números profesionales inexistentes y un sello de la Guardia Civil conservado sin autorización. El objetivo habría sido facilitar a un tercero un documento para identificarse y evitar la ejecución de una orden judicial.
En el registro posterior del domicilio de uno de los acusados se intervino diverso material oficial —chalecos antibalas, mochilas, aerosoles de defensa, etilómetros y material sanitario— cuyo uso particular estaba prohibido y para el que el agente no tenía autorización fuera del servicio.
El caso, ahora pendiente de enjuiciamiento, pone el foco en la importancia del control del acceso y uso de las bases de datos policiales, así como en la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión interna para preservar la integridad, la legalidad y la confianza pública en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
