El jefe de la Policía Local de Orihuela (Alicante), José María Pomares, ha registrado un escrito en el Ayuntamiento para denunciar que está siendo sometido a una situación de acoso y discriminación laboral. La denuncia la dirige contra su superior directo, la concejala de Seguridad Ciudadana, Mónica Pastor, y contra el alcalde José Vegara, como jefe de la Policía Local.
El jefe de la Policía Local describe en su escrito que hace más de un mes recibió una instrucción en la que se le indicaba cómo tiene que realizar las funciones que tiene legalmente encomendadas mediante «unos controles excesivos y sin amparo legal alguno», a través incluso de «amenaza de expedientes disciplinarios», algo que el jefe de la Policía llama «acoso» hasta el punto de dejarle sin amparo, añade. También alude a «discriminación» en la realización de sus funciones, lo que le genera «indefensión y daños psicológicos de difícil reparación».
Con relación a su trabajo, continúa, se le solicitan organigramas y el desempeño de funciones propias de agentes de la Policía Local, pero una vez que accede a la plataforma informática para introducir lo que se le ha solicitado se encuentra con que no le dan acceso y, por tanto, no puede completar el expediente y cumplir con lo que se le ha pedido. «Es denigrante para mi profesión», añade.
Presiones laborales
Asimismo, indica que las tarjetas de combustible se están entregando directamente a los agentes, cuando esa es una función propia de jefatura y no de la concejala, excluyendo además las de cuatro vehículos, entre ellos el que él tiene asignado.
Pomares prosigue haciendo hincapié en que sus responsables han pedido los fichajes de enero, pero solamente de cuatro agentes, entre ellos él y los otros tres que están en la oficina y dependen directamente de Pomares, al que se le excluye de las alertas y comunicaciones que se envían a los agentes, pese a ser el jefe comisario, según sostiene.
«¿Qué se pretende con esas acciones? ¿Denigrarme? ¿Dejarme en mala situación ante el resto de compañeros?», se pregunta, al mismo tiempo que responde que, «sea lo que sea, se está haciendo con alevosía y premeditación».
Además, relata que se le ha quitado la gestión de los cuadrantes, que ahora se pasan a Recursos Humanos, con «el problema añadido de que se complica el control de las asistencias al trabajo al no tener unos cuadrantes propios donde observar los servicios y bajas del personal».
Recibe órdenes mediante oficios firmados únicamente por el alcalde y la edil de Seguridad Ciudadana de contenido jurídico, pero sin la existencia de ningún técnico municipal del Ayuntamiento que lo avale, indica.
En cuanto a los expedientes en los que actúa, denuncia que se le ha dado acceso a los asesores para que estos informen sin tener capacidad jurídica para ello.
Por último, señala que se le ha exigido que solicite sus vacaciones y permisos, algo que no se le ha reclamado a ningún otro funcionario, antes del 18 de septiembre, día de su jubilación forzosa a pesar de que ha presentado un recurso para seguir en activo hasta los 67 años (en 2027). En este sentido, añade que pidió sus vacaciones el 12 de mayo sin que hasta el momento Pastor las haya validado. Todo ello, argumenta Pomares, a raíz de las denuncias que viene interponiendo a diversas concejalías del Ayuntamiento.
Así, solicita que se investiguen estos hechos siguiendo el protocolo para la prevención del acoso y discriminación, aduciendo como testigos de la instrucción a la junta de mandos de la Policía Local, y que se inhiba de intervenir la concejala de Recursos Humanos, Agustina Rodríguez, por «tener amistad íntima con la denunciada».
