La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona ha emitido una sentencia condenatoria contra el exjefe de la policía local de Montblanc, imponiéndole una pena de nueve meses de prisión por un delito de falsedad en documento público. La condena se deriva de haber beneficiado a su entonces pareja sentimental durante unas oposiciones de acceso al cuerpo en el año 2011.
Además del delito principal, los magistrados consideran al acusado responsable de revelación de información reservada y prevaricación administrativa. La sentencia contempla como atenuante la dilación indebida del proceso, ya que la causa comenzó en junio de 2011. Por otro lado, la mujer implicada ha sido absuelta del delito contra la administración pública del que estaba acusada.
Junto a los nueve meses de prisión, la Audiencia ha impuesto al exjefe cinco meses y siete días de multa, inhabilitación especial por nueve meses y suspensión de empleo y cargo público durante tres meses.
Desarrollo de los hechos
Según la resolución judicial, el acusado ideó un plan junto a su pareja para que consiguiera una de las dos plazas ofertadas, interviniendo de forma decisiva en el proceso de selección. Aunque el exjefe negó estos hechos, el tribunal los considera probados.
Uno de los elementos clave fue permitir que su pareja figurase en la lista de aspirantes pese a no disponer, en el momento de la convocatoria, del permiso de conducir motocicletas exigido. La mujer presentó una instancia municipal argumentando que estaba pendiente de obtener dicho permiso y de realizar algunas pruebas, pero al cierre del plazo de solicitudes en enero de 2011 todavía no lo había conseguido, obteniéndolo finalmente el 7 de febrero.
La sentencia relata que, una vez publicada la lista de admitidos, la mujer acudió al despacho del exjefe fuera del procedimiento formal para entregar el carnet, intentando así subsanar errores en la documentación. Incluso se detectó una fotocopia del permiso de conducir fechada el 11 de enero, semanas antes de haberlo obtenido oficialmente. Finalmente, en mayo de 2011, la aspirante fue incluida en la lista definitiva de admitidos.
El tribunal señala que el acusado intervino activamente para que su pareja obtuviera una buena calificación en las pruebas físicas, otorgándole un 7,25 sobre 10 a pesar de haber suspendido cuatro de las cinco pruebas.
Posteriormente, el exjefe reveló a su pareja el contenido del examen escrito. Durante la prueba, la mujer solicitó cambiar su hoja de examen aduciendo que se había confundido. Además, otros aspirantes encontraron una carpeta con el nombre del acusado en una cafetería cercana, la cual contenía un examen timbrado del Ayuntamiento a nombre de la mujer. A pesar de estas irregularidades, la mujer obtuvo 14,85 puntos sobre 20 en el examen escrito, logrando el segundo puesto y una de las plazas ofertadas.
Finalmente, la mujer renunció a la plaza antes del nombramiento, tras la petición del acusado motivada por la insatisfacción del alcalde con el proceso selectivo. Este incidente provocó también el cese del exjefe de policía, quien, tras diez años en el cargo, retornó a su puesto original justificando el cese por su enemistad con el alcalde.
El acusado tiene aún la posibilidad de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo y deberá asumir tres cuartas partes de las costas procesales. El resto de los costes se declaran de oficio.
