El juez del Juzgado de Instancia e Instrucción nº 2 de Molina de Segura ha citado a declarar, en calidad de investigado, al comisario principal de la Policía Local del municipio. Esta citación, recogida en un auto judicial fechado el 9 de octubre, responde a unas supuestas irregularidades vinculadas al servicio municipal de grúa y al depósito de vehículos. La denuncia fue presentada ante la Guardia Civil por el responsable de la empresa encargada de la retirada de automóviles de la vía pública hasta el año 2022.
Pérez Almagro, deberá comparecer ante el juez como imputado el próximo 28 de mayo, a las diez de la mañana, según consta en el documento judicial. Además, el juzgado ha solicitado al Ayuntamiento de Molina de Segura que remita las facturas emitidas al Consistorio por el adjudicatario del servicio de retirada de grúas y achatarramiento correspondientes a los dos últimos años.
La denuncia fue formulada por la empresa que no renovó el contrato
La empresa que gestionaba anteriormente el servicio presentó su denuncia en marzo de 2024 ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. El motivo principal era la sospecha de un posible delito medioambiental, aunque la denuncia también contempla posibles casos de prevaricación, falsedad documental y malversación. Tras recibir la denuncia, la Benemérita inició la investigación, que actualmente está en fase de instrucción y ha dado lugar a la declaración del comisario principal.
El denunciante señala que el Ayuntamiento le adeuda dinero y sostiene que la adjudicación del servicio de retirada de vehículos a otra empresa estuvo llena de «incongruencias y deficiencias», presentes ya en el pliego de condiciones elaborado por el comisario principal. Además, denuncia que la nueva empresa carece de instalaciones adecuadas para almacenar los automóviles: el terreno es de tierra, delimitado por una simple alambrada, rodeado de maleza, lo que supone un riesgo de incendio y posibles irregularidades medioambientales.
Según el denunciante, cuando su empresa dejó de gestionar el servicio, el jefe policial acordó con él la retirada de los vehículos que aún permanecían en sus instalaciones. Se retiraron la mayoría de los coches, observando un especial interés en los de mayor valor económico o gama superior. Indica que también se llevaron vehículos y camiones no incluidos en la relación oficial, de los cuales se desconoce el destino, si fueron desguazados, vendidos por piezas o si siguen almacenados, ya que permanecen numerosos vehículos, ciclomotores y motos en sus instalaciones sin instrucciones claras sobre cómo proceder.
Durante la etapa en la que su empresa era concesionaria, el denunciante afirma haber detectado irregularidades. Acusa al jefe de la Policía Local de dar instrucciones a los propietarios de los vehículos para que, si renunciaban a sus coches, se les perdonaría el pago de las custodias, aunque en realidad esas custodias correspondían a la empresa y no al Ayuntamiento. Este proceder permitió que se asignaran vehículos de alta gama o con potencial valor en el desguace, coaccionando, engañando y proporcionando información falsa a los propietarios. El denunciante sostiene que el objetivo era quedarse con los vehículos para su posterior venta por piezas o desguace.
