El Ayuntamiento de Alicante ha presentado una petición ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana para proceder con la jubilación forzosa del jefe de la Policía Local. El gobierno municipal dictó la salida de José María Conesa, quien recientemente cumplió 65 años en agosto. Sin embargo, el comisario se opuso a esta decisión alegando que no ha alcanzado los años de cotización necesarios para jubilarse, y la medida quedó suspendida desde julio por el juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo de Alicante.
Actualmente, el ejecutivo municipal espera que el TSJ levante la suspensión cautelar y permita el relevo en el cuerpo policial. La vista ante la sala alicantina para tratar el recurso de Conesa está programada para mediados de diciembre, por lo que podría resolverse el fondo del asunto antes de la resolución del tribunal autonómico.
Antecedentes judiciales
En marzo, el alcalde determinó mediante decreto la fecha de salida de Conesa, sumando otro episodio a los enfrentamientos que han marcado la relación entre ambos en los últimos años. Originalmente, Conesa planeaba retirarse en abril de 2027, antes de las próximas elecciones municipales. Sin embargo, el decreto lo obligaba a dejar su cargo en agosto, justificando la decisión en el cumplimiento de los 65 años el 8 de ese mes.
El jefe de la Policía Local impugnó la decisión ante la justicia, argumentando que la edad ordinaria de jubilación depende de la cantidad de años cotizados, siendo de 65 años o la que corresponda según el régimen transitorio si no se ha completado el periodo requerido. Según Conesa, aún le falta tiempo para alcanzar los años necesarios de cotización.
En julio, la titular del juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo de Alicante decidió suspender cautelarmente el decreto municipal, invocando el “beneficio del interés público”. La resolución señalaba que la cuestión debía ser analizada jurídicamente antes de ejecutar la jubilación, para esclarecer la normativa aplicable. Además, la jueza reconoció los posibles perjuicios económicos y morales para el funcionario, que podrían agravarse si la medida se prolonga hasta que haya una decisión definitiva, considerando que los intereses del funcionario deben prevalecer mientras la suspensión no afecta a terceros ni al interés público.
A raíz de la suspensión cautelar, el Ayuntamiento recurrió dicha decisión ante el TSJ de la Comunidad Valenciana a finales de julio, buscando que se revoque la medida y se ejecute el relevo en la jefatura de la Policía Local.
