Más de 90 aspirantes del cuarto proceso unificado para acceder a plazas de Policía Local en Baleares han presentado alegaciones formales ante el Tribunal Calificador de la EBAP (Escola Balear d’Administració Pública), reclamando una revisión de la prueba psicotécnica realizada el pasado 28 de junio. Los opositores denuncian una falta de transparencia en el sistema de corrección y varias irregularidades en el desarrollo del examen que, según advierten, podrían dejar fuera del proceso a candidatos con puntuaciones superiores al 5 sobre 10.
Varios de los aspirantes que figuran entre los reclamantes insisten en que la forma de aplicar el sistema de corrección por percentiles ha resultado “opaca y arbitraria”. Según los criterios publicados, solo se considerarían aptos quienes alcanzaran el “centil 30”, pero, según explican los aspirantes, en ningún momento se comunicó cuál era la nota mínima bruta equivalente. “Nos jugábamos la plaza en esa prueba, pero no sabíamos con qué puntuación se aprobaba”, señala uno de los afectados, que al igual que sus compañeros prefiere mantenerse en el anonimato.
El escrito de alegaciones presentado destaca que la EBAP disponía previamente de la tabla de percentiles y del valor concreto que correspondía al centil 30, ya que la corrección se basó en una muestra de 858 personas con características similares a la población opositora. Sin embargo, denuncian que ese dato no se hizo público ni antes ni después del examen. “Privar a los opositores de ese umbral real suprimió la posibilidad de gestionar el riesgo que toda oposición comporta”, recoge el escrito, quien solicita que se haga pública la puntuación exacta correspondiente al corte, junto con la tabla estadística y la descripción de la muestra utilizada.
El malestar ha crecido especialmente entre quienes, tras superar con solvencia las pruebas teóricas y físicas, han quedado fuera por el resultado del psicotécnico, a pesar de haber obtenido notas por encima del 5. Según denuncian, este año se ha elevado de forma no comunicada el umbral de apto hasta el equivalente a una nota cercana al 6,8. “Esto nunca se había hecho así. En años anteriores, se aprobaba con un 5. Sin ninguna modificación legal, han cambiado el sistema sin avisar”, afirma otra aspirante consultada. Los afectados subrayan que, por norma general, es en los exámenes de legislación y ordenanzas -los primeros del proceso- donde se decide realmente la plaza, mientras que el psicotécnico suele considerarse como una parte menos decisiva para el aspirante. “Esta vez no se ha respetado”, lamentan.
El caso de la AA23
La situación ha sido especialmente controvertida en el aula AA23 de la UIB, donde se detectaron anomalías graves durante la realización del examen. Según los testimonios recogidos, el inicio se retrasó debido a la presencia de personas que no figuraban en las listas oficiales tras la segunda prueba, y los opositores recibieron por error hojas de respuesta correspondientes a otro ejercicio. “Nos dieron hojas numeradas para un examen con respuestas en letras, y nadie explicó cómo debíamos marcar”, relata uno de los afectados. Como resultado, el porcentaje de no aptos en esa aula fue del 44,26%, muy por encima del resto de aulas, donde se situó entre el 13% y el 23%.
Los aspirantes también denuncian que no se les permitió conservar el cuadernillo de preguntas ni acceder al contenido completo del examen, lo que, según indican, impide impugnar posibles errores. “Nos hemos quedado con una plantilla de respuestas, pero sin las preguntas no podemos reclamar nada. Es un sistema sin garantías”, explica otro de los reclamantes.
Otro de los motivos de malestar es el elevado coste del examen psicotécnico, que ascendió a casi 30.000 euros. Los opositores consideran esta cifra “desproporcionada” en relación con «la falta de claridad y garantías del proceso». “Con ese gasto, lo mínimo era esperar transparencia y profesionalidad. En lugar de eso, nos encontramos con más incertidumbre que nunca”, señala uno de los testimonios recabados.
Entre las peticiones dirigidas al Tribunal Calificador se encuentran la publicación del valor numérico exacto del centil 30, la revisión de los resultados, especialmente del aula afectada, y el restablecimiento del umbral tradicional del 5 como nota mínima de apto. “No pedimos privilegios, sino que se cumplan los principios básicos de igualdad, mérito, capacidad y transparencia”, concluyen los escritos de alegaciones.
