El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido no continuar con el proyecto de incorporación de pistolas táser para la Guardia Urbana, una medida en la que se llevaba trabajando más de un año y que contaba con el aval técnico del cuerpo y el apoyo expreso de los sindicatos mayoritarios. El gobierno municipal ha justificado la decisión en la falta de consenso político y en la necesidad de revisar los protocolos de uso y supervisión interna.
La paralización se produce en un contexto en el que la seguridad urbana continúa siendo una prioridad operativa. Solo en la denominada Operación Ferro, la Guardia Urbana había intervenido más de 1.200 armas blancas hasta agosto de 2025, un 40% más que el año anterior. Pese a ello, el Consistorio ha descartado licitar nuevas adquisiciones y ha retirado la medida de su planificación para el actual mandato.
El desarrollo del proyecto se inició a finales de 2023 dentro del programa de modernización del equipamiento policial. En 2024 se elaboró el reglamento técnico y en marzo de 2025 se aprobó inicialmente. La propuesta situaba la táser como herramienta intermedia entre la defensa extensible y el arma de fuego, siguiendo la línea de otros cuerpos europeos y españoles que ya la utilizan.
Finalmente, la falta de apoyos en el pleno municipal llevó al bloqueo del expediente: PSC y PP se mostraron favorables, mientras que Barcelona en Comú, Junts y ERC votaron en contra. Vox se abstuvo.
Reacciones sindicales
La decisión ha generado un notable malestar en la Guardia Urbana. El sindicato SIP-FEPOL ha expresado su preocupación por lo que considera un retroceso en materia de protección operativa. Su portavoz, Alex Payán, señala que la táser “habría aportado una herramienta eficaz y segura” y lamenta que la medida se frene tras meses de trabajo interno: “Los compañeros estamos cansados de promesas que no se cumplen”.
El sindicato subraya que la ausencia de una solución alternativa afecta a la percepción de respaldo institucional y recuerda que la ciudad registra intervenciones frecuentes con armas blancas y situaciones de riesgo elevado. Desde la organización también se insiste en que los protocolos previstos garantizaban un uso controlado y grabado mediante cámaras incorporadas.
Quienes defienden la implantación de la táser destacan su utilidad para resolver incidentes de forma segura y proporcional, especialmente en espacios reducidos o ante individuos violentos o armados. Desde los sindicatos se sostiene que la experiencia de otros cuerpos europeos y nacionales demuestra su eficacia como herramienta de reducción de riesgos tanto para agentes como para ciudadanos.
A pesar de la paralización, los representantes sindicales consideran que el debate no está cerrado y que la cuestión volverá a la agenda municipal en el futuro: “Es una tecnología ampliamente extendida en Europa; es cuestión de tiempo que Barcelona la incorpore”, apunta Payán.
