Las trece unidades de barrio del Ayuntamiento de Pamplona cuentan desde esta semana con un botón de alarma conectada a Policía Municipal. Cuando una trabajadora esté atendiendo al público y sienta que está recibiendo un comportamiento inadecuado, con faltas de respeto, presiones o amenazas, tiene la opción de pulsar el botón. En ese momento se activan las cámaras de seguridad y Policía Municipal puede visualizar en directo lo que está pasando y escuchar la conversación. «Los agentes pueden hacer una monitorización y si valoran que existe una situación de peligro, actuar», ha explicado el concejal de Servicios Sociales, Txema Mauleón.
A mediados de enero, 152 trabajadoras de los Servicios Sociales firmaron un documento en el que denuncian “presiones, saturación, amenazas y acoso”. «Como profesionales comprometidos con el bienestar de las personas más vulnerables, denunciamos la escalada de agresiones, amenazas y presiones que estamos sufriendo en el ejercicio de nuestra labor”, señalaron. Añadieron que estas situaciones están protagonizadas por determinados perfiles de personas y también por colectivos y entidades que «cuestionan su labor».
En 2024 y a raíz de dos episodios en los que tuvo que intervenir la Policía Municipal, el Ayuntamiento de Pamplona anunció la contratación de seguridad privada para las unidades de barrio. Dicho contrato salió a licitación en septiembre por 160.000 euros al año, pero quedó desierto. También se prometió entonces la instalación de cámaras de seguridad. Las unidades de barrio y varios servicios sociales municipales ya contaban con el denominado botón de emergencia, a modo de alerta ante posibles incidencias.
Con el nuevo sistema, al pulsarse el botón se activa la visualización de imágenes y también el sonido de lo que esté sucediendo para que pueda ser visto desde Policía Municipal. El coste de las cámaras para reforzar el sistema de seguridad ha ascendido a 15.000 euros, IVA no incluido. Además de en las unidades de barrio, este mismo sistema se implantará también en el EAIA (Equipo de Atención a la Infancia en Dificultad Social) y el SMAM (Servicio Municipal de Atención a las Mujeres).
Txema Mauleón ha enmarcado estas iniciativas en un programa más amplio de «prevención, formación y reflexión sobre la situación actual de los servicios sociales municipales y del personal que los atiende». Una de las medidas de seguridad puesta ya en marcha es el refuerzo presencial de Policía Municipal en los propios servicios sociales para disuadir de posibles comportamientos incívicos o agresivos. «Tenemos activado un trabajo con policía comunitaria y unidad de protección institucional. Cuando atienden a un perfil complejo o problemático acude la policía», ha explicado el concejal.
Ya está en marcha una comisión de trabajo y valoración de las agresiones que tienen lugar en los servicios sociales municipales. Esa comisión la conforman representantes de Salud Laboral y personal del área de Acción Social con el cometido de analizar y evaluar las situaciones que se den en los diferentes servicios y programas. Se está trabajando también en un protocolo de funcionamiento interno de los servicios del área de Acción Social, unido a un régimen sancionador, para establecer unas normas de trabajo y unos criterios de actuación. Asimismo, se está ultimando una campaña de sensibilización sobre la situación de las unidades de barrio y el personal municipal de los servicios sociales para dar a conocer su momento actual, el trabajo que llevan a cabo y las tensiones de su día a día que han derivado incluso en agresiones físicas.
Por último, está en estudio un protocolo de acompañamiento social. Mediante una contratación externa, se va a hacer una evaluación de usuarios que tienen necesidades de acompañamiento social. El estudio se completaría con el análisis que realizarán dos grupos de discusión y reflexión conformados por profesionales de los servicios sociales municipales y por profesionales de entidades sociales vinculadas al acompañamiento, respectivamente.