El pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado martes la ley que establece el marco jurídico básico de los bomberos forestales, así como de los agentes forestales y medioambientales. La normativa de las comunidades autónomas regula a ambos colectivos, lo que provoca desigualdades entre los trabajadores, por lo que la norma asegura unas condiciones laborales y profesionales equivalentes en todo el país.
La ley recoge dos reivindicaciones del colectivo de Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales del Gobierno (las BRIF): la posibilidad de contar con una jubilación anticipada a los 60 equiparable a la de los bomberos «urbanos» y la opción de acceder a una segunda actividad cuando, por dictamen médico, no puedan prestar un servicio ordinario, pero no estén en situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.
El texto incluye la aprobación de un reglamento específico que tenga en consideración la exposición de riesgos especiales que tiene este colectivo, el tipo de accidentes laborales que puede sufrir o las enfermedades profesionales específicas que puede padecer como consecuencia del desempeño de sus funciones.