Una vecina de Barakaldo, que ya había sufrido el impacto de un autobús del Kbus —el servicio municipal de transporte urbano— mientras estacionaba su vehículo en las inmediaciones del hospital de San Eloy, se ha encontrado con una inesperada consecuencia económica tras el accidente: una liquidación tributaria emitida por el propio Ayuntamiento como consecuencia de la intervención de la Policía Local en el siniestro.
Según relata la afectada, el choque fue de tal magnitud que su coche quedó incrustado en el frontal del autobús, bloqueando parcialmente la vía. Ante la gravedad del incidente, las lesiones sufridas y el estado de nerviosismo, decidió solicitar la presencia de los agentes municipales. Estos acudieron al lugar y elaboraron el correspondiente atestado. Posteriormente, la aseguradora del autobús reconoció que la responsabilidad del accidente recaía en el vehículo municipal.
Meses después, la vecina recibió una notificación del Ayuntamiento de Barakaldo informándole de una liquidación tributaria por valor de 68,34 euros, correspondiente —según se indicaba— “al tiempo de los agentes, el desplazamiento al lugar del accidente y la redacción del informe policial”.
La sorpresa inicial dio paso a la indignación. La afectada considera injusto y desproporcionado que se cobre a un ciudadano por la actuación de un cuerpo de seguridad pública en un contexto de emergencia.
“Es inadmisible que el Ayuntamiento se dedique a recaudar cobrando a víctimas con lesiones que solo han pedido ayuda”, lamenta la vecina barakaldesa.
El malestar se agrava, además, porque el atestado policial no atribuyó la responsabilidad del accidente a ninguna de las partes, mientras que la aseguradora del autobús sí reconoció expresamente la culpa del vehículo municipal. Esta discrepancia deja en evidencia una contradicción: quien solicita asistencia policial tras un accidente no debería ser tratado como si estuviera contratando un servicio privado.
Pese a ello, la ordenanza municipal vigente establece que la elaboración de un atestado por parte de la Policía Local conlleva el pago de una tasa, independientemente de las circunstancias o de la condición de la persona afectada. Desde el Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento se limitaron a señalar que “cuando un vecino requiere la presencia de la Policía para la elaboración de un atestado, dicho servicio tiene un coste recogido en la ordenanza municipal”.
En otras palabras, no se trata de una decisión discrecional, sino de la aplicación literal de una normativa municipal que —según denuncian algunos vecinos— convierte una función pública esencial en un servicio tasado, situando la recaudación por encima del principio de auxilio ciudadano.
