El alcalde de Siero, Ángel García, que mantiene un largo enfrentamiento con su propia Policía Local, que ha sido incapaz de resolver, ha vuelto a generar polémica al afirmar que “si pudiese, sustituiría a la Policía Local por la Guardia Civil”. El regidor realizó estas declaraciones al presentar el convenio con la Dirección General de la Guardia Civil para la construcción de un nuevo cuartel, cuyo coste, según aseguró, “no superará los dos millones de euros”.
García defendió el acuerdo como una “apuesta estratégica” para garantizar la presencia del cuerpo en el municipio durante “al menos otros cincuenta años”. Sin embargo, su comentario sobre la posible sustitución de la Policía Local por la Guardia Civil ha sido interpretado por muchos como un desdén hacia los efectivos municipales, que son competencia directa del Ayuntamiento y desempeñan funciones distintas a las del instituto armado.
“Vamos a garantizar que la Guardia Civil esté presente en Siero por muchos años”, afirmó el alcalde, quien insistió en que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional son “básicas y fundamentales” para mantener la seguridad en el concejo. Pese a ello, sus palabras dejan entrever una clara preferencia por la primera, lo que podría alimentar tensiones dentro de las fuerzas de seguridad locales.
García justificó la inversión en un nuevo cuartel asegurando que, de no construirse, el actual “probablemente se cerraría” por su mal estado y la falta de personal. El regidor sostuvo además que el convenio no solo garantizará la permanencia del cuerpo, sino que también permitirá al Ayuntamiento obtener una parcela de valor patrimonial: “La mitad del terreno será para el nuevo cuartel y la otra mitad pasará a titularidad municipal”, explicó.
Aunque el alcalde evitó concretar los términos del acuerdo, adelantó que la inversión no superará los dos millones de euros, si bien recordó que el proyecto dependerá íntegramente de la Dirección General de la Guardia Civil.
Las declaraciones de García reabren el debate sobre la idea de “sustituir” un cuerpo por otro no solo resulta inviable desde el punto de vista legal y competencial, sino que plantea dudas sobre la concepción de seguridad pública que defiende el alcalde.
