Joan Carles de Blas, agente de la Guardia Urbana de Barcelona
El sistema de Seguridad pública de Cataluña se sustenta sobre un entramado normativo amplio, complejo y, en teoría, suficiente para garantizar la seguridad ciudadana, la convivencia y el civismo en los municipios.
El marco legal vigente se apoya principalmente en cuatro grandes textos:
- La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS), que regula las competencias estatales, autonómicas y locales en materia de seguridad y establece el marco constitucional de cooperación interadministrativa.
- La Ley 4/2003, de 7 de abril, de ordenación del sistema de seguridad pública de Cataluña, que prevé la coordinación entre Mossos d’Esquadra, Policías locales, Generalitat y Ayuntamientos.
- La ley 16/1991, de 10 de julio, sobre los cuerpos de policías locales de Cataluña.
- Ley 10/1994, reguladora del cuerpo de Mossos d’Esquadra, con sus posteriores modificaciones.
Sobre el papel, este sistema normativo cubre de forma extensa las competencias policiales, la coordinación interadministrativa y la gestión integral de la seguridad pública. Sin embargo, la realidad cotidiana demuestra que la cobertura legal no siempre se traduce en eficacia operativa, muchas veces puesta en cuestión por la ciudadanía.
La percepción de inseguridad ciudadana continúa apareciendo de forma recurrente en los barómetros y encuestas sociales como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, agravada por fenómenos de incivismo, deterioro del espacio público y falta de respeto a las normas básicas de convivencia establecidas en pueblos y ciudades.
Multirreincidencia y ocupaciones: factores estructurales de tensión social
Multirreincidencia creciente:
Entre 2021 y 2024, los multirreincidentes en Cataluña (personas con siete o más detenciones) aumentaron un 140%, pasando de 265 casos a 637, acumulando cerca de 7.000 detenciones en 2024 según fuentes abiertas consultadas.
En Barcelona, solo en el primer semestre de 2025, 266 individuos concentraron 1.776 detenciones y estuvieron vinculados a más de 5.200 hechos delictivos, principalmente hurtos y robos.
Este fenómeno no solo impacta en las estadísticas delictivas, sino que erosiona de forma directa la confianza ciudadana en el sistema, al percibirse una falta de consecuencias reales e inmediatas frente a la reincidencia reiterada.
Ocupaciones ilegales y conflictos de convivencia:
Las ocupaciones ilegales sin resolución judicial ágil agravan la sensación de impunidad y deterioran la convivencia comunitaria. La lentitud en la aplicación de la legislación en materia de extranjería y ocupación genera situaciones sostenidas en el tiempo que tensionan la percepción de seguridad y alimentan el conflicto social.
Lentitud judicial y desigualdad en la aplicación efectiva de la ley
Durante 2024 se crearon juzgados de refuerzo de Barcelona para agilizar el tratamiento de delitos leves como los hurtos, con el objetivo de acelerar los juicios rápidos y reducir el tiempo entre detención y vista judicial.
A pesar de ello, numerosos procedimientos se retrasan o se archivan por déficits de información, falta de interoperabilidad real entre sistemas o saturación estructural de la administración de justicia. Aunque avances como el acceso de policías locales a registros judiciales suponen una mejora, la realidad es que cuando el ritmo judicial no acompasa el ritmo policial, la multirreincidencia se reproduce sin consecuencias inmediatas.
El resultado es un sistema percibido como lento, desigual y poco disuasorio.
Coordinación policial y justicia: la clave estructural del sistema
La normativa vigente ya prevé mecanismos de coordinación entre Mossos d’Esquadra, policías locales y administraciones públicas. Sin embargo; esta coordinación no siempre se traduce en prácticas operativas integradas y homogéneas en todos los municipios basándose mucho en las relaciones interpersonales mayoritariamente sumadas a líneas de dirección política.
Planes conjuntos de actuación frente a la multirreincidencia, los hurtos, el uso o porte de armas blancas, y la delincuencia en zonas turísticas han demostrado que la colaboración funciona cuando existe liderazgo, dirección operativa clara y objetivos compartidos.
La seguridad pública hoy exige pasar de la cooperación formal a la integración operativa real.
Propuestas para un modelo más eficaz
- Coordinación estructurada y permanente. Creación de protocolos conjuntos con fiscalía y juzgados, garantizando una instrucción de diligencias, con Mossos d’Esquadra y policías locales actuando como un sistema integrado.
- Juicios rápidos realmente efectivos. Consolidación de juzgados de refuerzo para delitos leves durante todo el año allí donde la presión delictiva sea estructural.
- Aplicación efectiva de la legislación de extranjería y ocupación. Agilización de procedimientos administrativos y judiciales en situaciones que afecten directamente a la convivencia ciudadana, con operatividad conjunta e implicación del Cuerpo Nacional de Policía en los municipios que lo requieran.
- Revisión legislativa puntual y técnica. Impulso de las reformas necesarias que permitan considerar delictivos los hurtos reiterados de bajo importe y establecer penas efectivas por reincidencia múltiple, desligadas exclusivamente del valor económico acumulado.
Percepción de seguridad y sostenibilidad social
El sistema legal vigente es sólido. Las herramientas existen. Las competencias están definidas. La cobertura normativa es amplia.
Lo que falta es:
- Una estructura operativa integrada entre Mossos d’Esquadra, policías locales, jueces y fiscales.
- Una aplicación judicial ágil y disuasoria, especialmente en multirreincidencia, ocupaciones conflictivas y extranjería.
- Cambios legislativos puntuales orientados a la efectividad de las condenas.
- Una implicación sinérgica de todas las administraciones, superando la lógica del conflicto competencial y del uso político de la inseguridad como herramienta de desgaste del adversario político.
De la norma a la acción
Cataluña no necesita más leyes: necesita mejor ejecución, coordinación real y liderazgo institucional compartido.
La seguridad pública no puede seguir siendo un arma política arrojadiza ni un espacio de confrontación partidista. Es un servicio esencial, un pilar de la cohesión social y condición básica para una convivencia democrática.
El reto es claro: pasar de la norma vigente a la acción conjunta. Trabajo coordinado, actuación rápida, transparencia institucional y responsabilidad compartida para recuperar la normalidad cívica que merecen los pueblos y ciudades de Cataluña.
