El superintendente jefe de la Policía Local de Zaragoza, Antonio Blas Soriano; el intendente principal del Área de Tráfico, Juan Maroto, y el jefe del Servicio de Relaciones Laborales del Ayuntamiento, Felipe Galán, han sido citados a declarar el próximo 10 de diciembre ante una jueza en el marco de una investigación por presuntos delitos de prevaricación administrativa, coacciones graves y vulneración de la libertad sindical.
La citación judicial trae causa de la denuncia presentada en junio del pasado año por tres representantes del sindicato Forzapol: José Ignacio Cuartero, David Benavides y Jesús Gutiérrez, quienes comparecerán como denunciantes. Los hechos se remontan a marzo de 2023, durante la campaña electoral a la Junta de Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, cuando los citados representantes difundieron un vídeo en una plataforma digital en el que denunciaban, entre otras cuestiones, un presunto exceso de celo recaudatorio en materia de tráfico, una supuesta persecución a trabajadores y el seguimiento de agentes fuera de servicio.
Tras la publicación, los mandos policiales solicitaron a los representantes sindicales la aportación de los informes que sustentaban dichas afirmaciones. Los denunciantes declinaron facilitarlos, condicionando su entrega a un eventual requerimiento judicial. Como consecuencia, el Servicio de Relaciones Laborales incoó un expediente de información reservada con el fin de esclarecer si existió alguna orden por parte de responsables policiales para efectuar los seguimientos denunciados.
En el marco de dicha investigación administrativa, hasta cinco mandos policiales —entre ellos los ahora investigados— negaron en septiembre de 2023 haber ordenado tales actuaciones. Finalmente, el procedimiento derivó en la apertura de un expediente informativo contra los propios representantes sindicales.
Actuación como delegados sindicales
Los representantes de Forzapol sostienen que su negativa a aportar el informe requerido se fundamentó en que la documentación les fue entregada en su condición de delegados sindicales, en el ejercicio de sus funciones, lo que —según argumentan— les eximiría de seguir el cauce jerárquico ordinario para la denuncia de irregularidades. Asimismo, Cuartero y Benavides señalaron que el informe relativo a un “seguimiento discreto” a una agente ya obraba en poder de la Administración, al formar parte de un expediente disciplinario previo.
La agente objeto del seguimiento fue sancionada con un año y un mes de suspensión de funciones por acudir a trabajar el 10 de noviembre de 2019 en estado de embriaguez, circunstancia acreditada mediante prueba de alcoholemia realizada en el Cuartel de Palafox, tras manifestar inicialmente que se encontraba indispuesta. La funcionaria negó haber consumido alcohol, atribuyendo su estado a una crisis de ansiedad.
Según consta en un informe policial suscrito por el intendente jefe del Sector Sur, debido a su estado anímico se ordenó un “seguimiento discreto” una vez abandonó las dependencias policiales, desplazándose posteriormente a un establecimiento hostelero. Aproximadamente una hora después, y ante la aparente normalización de su estado, la patrulla puso fin a la vigilancia.
