La investigación judicial abierta tras el derrumbe de la pasarela de El Bocal, en Santander, continúa avanzando con nuevas diligencias centradas en la gestión de los avisos de emergencia. La magistrada que instruye la causa ha solicitado a la Policía Local que informe si dispone de un protocolo específico de actuación para las comunicaciones procedentes del servicio de emergencias 112.
El requerimiento judicial se produce después de que se analizaran las declaraciones de las dos personas implicadas en la cadena de comunicación previa al accidente: la operadora del 112 que recibió la alerta de un ciudadano y la agente de Policía Local que recibió posteriormente el aviso. Según la jueza, estas declaraciones hacen necesario aclarar cómo se gestionan habitualmente las comunicaciones entre ambos servicios cuando se producen avisos de este tipo.
La magistrada ha solicitado al inspector jefe de la Policía Local de Santander que explique si los protocolos de actuación del cuerpo se aplican únicamente a llamadas directas de ciudadanos o también a avisos remitidos por el 112. El objetivo es determinar cuál es la dinámica operativa habitual y si existen procedimientos diferenciados para las comunicaciones entre servicios de emergencia.
Además, el juzgado ha acordado la citación como testigos de los superiores jerárquicos de la agente que recibió el aviso, así como de otros agentes que desempeñan funciones similares en el centro de coordinación de la Policía Local. También se solicitará información al servicio de emergencias para identificar a responsables y operadores que gestionan este tipo de llamadas.
El contexto de la investigación
El procedimiento judicial se inició tras el colapso de la pasarela de la senda costera de El Bocal, ocurrido el 3 de marzo, que provocó la muerte de seis jóvenes y dejó una persona herida. Un día antes del accidente, un ciudadano había alertado al 112 sobre el mal estado de la estructura, aviso que posteriormente fue trasladado a la Policía Local.
La investigación pretende esclarecer si la gestión de ese aviso previo se ajustó a los protocolos establecidos y si existieron posibles fallos en la cadena de comunicación entre los servicios de emergencia. Paralelamente, la magistrada también ha abierto otras líneas de investigación relacionadas con el estado técnico de la pasarela, el mantenimiento de la infraestructura y los materiales utilizados en su construcción.
Con estas diligencias, el juzgado busca determinar si la actuación de los distintos servicios implicados fue adecuada y si se siguieron los procedimientos previstos para responder a alertas que puedan suponer un riesgo para la seguridad de las personas.
