La reciente Ley Orgánica 1/2026, en vigor desde hoy 10 de abril, introduce importantes cambios en el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para combatir la multirreincidencia en delitos leves, especialmente hurtos y estafas. La norma responde a una demanda creciente de los cuerpos policiales ante la reiteración de infracciones de baja cuantía sin consecuencias penales relevantes. Entre las principales novedades destacan el endurecimiento de penas, la creación de nuevos tipos agravados y la ampliación de medidas cautelares.
El Boletín Oficial del Estado publicó el 9 de abril la nueva Ley Orgánica 1/2026, que supone una reforma relevante en la lucha contra la delincuencia reiterada de baja intensidad, un fenómeno que afecta de forma directa al trabajo diario de las Policías Locales. La norma entra en vigor al día siguiente de su publicación y modifica tanto el Código Penal como la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Uno de los principales cambios se centra en el tratamiento de la multirreincidencia. A partir de ahora, las personas que acumulen tres o más delitos de la misma naturaleza, incluso aunque sean leves, podrán enfrentarse a penas de prisión. Esta medida pretende corregir situaciones en las que autores habituales de hurtos de pequeña cuantía quedaban fuera de sanciones penales relevantes.
En relación con los hurtos, se mantiene como delito leve la sustracción de bienes por valor inferior a 400 euros, castigada con multa. Sin embargo, cuando exista reiteración delictiva, se aplicará el tipo básico con penas de prisión de seis a dieciocho meses. Además, se incorporan nuevas modalidades agravadas, como el hurto de teléfonos móviles y dispositivos digitales, atendiendo al impacto que estos hechos tienen en la privacidad de las víctimas.
La reforma también introduce cambios en los delitos de estafa, especialmente en su modalidad leve. Cuando concurran varias condenas previas por hechos similares, el autor podrá ser castigado con penas de prisión de seis meses a tres años, lo que supone un endurecimiento significativo respecto al sistema anterior.
Otra novedad relevante afecta a la defraudación de fluido eléctrico, incorporando un agravante cuando esta conducta esté vinculada al suministro de instalaciones destinadas al cultivo de drogas. Asimismo, se regula de forma más severa el denominado “petaqueo” de combustible, elevando las penas en estos casos.
Desde el punto de vista procesal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal amplía las herramientas disponibles para la investigación policial y judicial. Se refuerzan las diligencias urgentes en delitos tecnológicos, permitiendo la retirada o bloqueo provisional de contenidos ilícitos en internet.
Especial relevancia para las Policías Locales tiene la posibilidad de que los ayuntamientos ejerzan la acción penal en delitos de hurto, lo que les permite personarse como acusación en procedimientos que afecten a la convivencia vecinal. Esta medida abre la puerta a una mayor implicación de las entidades locales en la persecución de estos delitos.
En materia de medidas cautelares, se refuerza el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ampliando las posibilidades de imponer prohibiciones de residencia, aproximación o comunicación. Estas medidas podrán aplicarse con mayor flexibilidad para prevenir la reiteración delictiva, siempre bajo control judicial y con valoración de las circunstancias personales del investigado.
En conjunto, la reforma supone un cambio significativo en la respuesta penal frente a la delincuencia leve reiterada, dotando a los cuerpos policiales y a la autoridad judicial de nuevas herramientas para actuar frente a conductas que, hasta ahora, generaban una sensación de impunidad en la ciudadanía y en los propios agentes.
