El Ministerio de Interior ha bloqueado el acceso al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) a una oficial de la Policía Local de Málaga por un supuesto acceso indebido al expediente de Rocío Carrasco. Esta misma medida ha sido tomada contra policías de distintas localidades, desde que la hija de Rocío Jurado hiciera público en televisión los detalles de los supuestos malos tratos por los que en su día denunció a su exmarido.
La decisión de Interior se ha tomado al entender que estos profesionales aprovecharon sus claves de acceso al sistema para cotillear el expediente, tras la emisión de los programas y sin tener vinculación alguna con el caso. Así lo adelantó a principios de junio el periódico El País, medio que también detalló que el asunto llegó a la Fiscalía y que la mayoría de esas entradas (entonces una decena) se detectaron en la comunidad valenciana, aunque sin descartar otros puntos de la geografía española. En Alicante, la Fiscalía archivó el caso al entender que «no hubo prejuicio» y, por tanto, tampoco delito.
El acceso al sistema Viogén, donde se centraliza toda la información de cada caso de violencia de género (denuncias, sentencias si las hubiera, grado de protección, órdenes de alejamiento…) está reservado a los policías especializados en la lucha contra la violencia de género y deja un rastro digital que permite identificar a los profesionales que hacen las consultas.
«Explicaciones razonables»
Respecto al caso que afecta a una oficial del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga, fuentes municipales han reconocido que la agente, responsable del subgrupo de VioGén en este cuerpo, ha sido excluida temporalmente del sistema que gestiona Interior por consultar el expediente de Carrasco, aunque han precisado que las explicaciones que ha dado ante sus superiores fueron «razonables».
Concretamente, las fuentes han explicado que la funcionaria justificó la consulta alegando que la expareja de la denunciante vive en Málaga y que esta circunstancia suponía un interés policial real. «Ni se ha vulnerado la protección de datos ni se ha dado publicidad al contenido de la consulta, por lo que esperamos que la situación se normalice y que Interior permita trabajar a la agente en el programa cuanto antes», añadieron antes de puntualizar que no se ha tomado ninguna medida disciplinaria.
