Un agente de la Policía Local de Sanxenxo ha sido condenado en sentencia firme por un delito de malversación tras apropiarse de 200 euros procedentes del cobro en metálico de dos multas. Aunque devolvió el dinero al Concello, la Audiencia de Pontevedra le impone seis meses de prisión —suspendidos— y diez meses de inhabilitación para el empleo público. El fallo judicial considera acreditado que actuó con ánimo de lucro en el ejercicio de sus funciones.
El caso se remonta a agosto de 2019, cuando el agente, en el desempeño de sus funciones, tramitó una denuncia de tráfico por importe de 200 euros, con posibilidad de reducción por pronto pago. Días después, el conductor sancionado entregó en mano 100 euros al policía, quien firmó un recibí en un documento sin cumplimentar completamente.
Según la resolución judicial, el funcionario no ingresó ese importe en las arcas municipales, sino que lo hizo suyo. La misma operativa se repitió en una segunda ocasión, cuando otro ciudadano abonó otros 100 euros en efectivo por una sanción similar, dinero que tampoco fue declarado ni ingresado oficialmente.
Los hechos fueron considerados por la acusación particular —ejercida por el propio Concello de Sanxenxo— y por el Ministerio Fiscal como constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos, al tratarse de fondos que el agente gestionaba en el ejercicio de su cargo.
Con posterioridad a los hechos, el acusado devolvió íntegramente los 200 euros al consistorio. Esta circunstancia fue valorada por el tribunal como atenuante de reparación del daño, lo que influyó en la pena finalmente impuesta.
La Audiencia Provincial de Pontevedra dictó sentencia condenatoria imponiendo al agente seis meses de prisión, además de una multa de dos meses y 29 días con una cuota diaria de cuatro euros. A ello se suma la pena de diez meses de inhabilitación especial para ejercer como policía local, así como el abono de las costas procesales.
El tribunal acordó suspender la ejecución de la pena de prisión durante un periodo de dos años, al carecer el condenado de antecedentes penales y existir conformidad entre las partes, por lo que la sanción de inhabilitación se convierte en la principal consecuencia efectiva para el agente. Esta suspensión queda condicionada a que no vuelva a delinquir durante ese tiempo.
