Un policía local de Ceuta, Alonso Miguel G.D., ha sido declarado culpable del asesinato de su mujer, una trabajadora de los juzgados de Ceuta, María Ángeles Lozano. El Jurado le consideró culpable de todos los delitos de los que era acusado: asesinato, maltrato habitual en el ámbito familiar, lesiones a su hija y contra la integridad moral y no aceptó ninguna circunstancia atenuante. El policía lleva ya tres años en prisión preventiva y la acusación particular le pide 42 años de cárcel, aunque el tribunal aún no ha dictado sentencia.
A este policía se le había retirado el arma hasta en dos ocasiones, una de ellas por ansiedad, pero la ciudad autónoma de Ceuta no le había hecho ningún control desde el año 2019, a pesar de llevaba 20 años en tratamiento psiquiátrico. El día en que mató a su esposa estaba de servicio y, de uniforme, la disparó con su arma reglamentaria.
El asesino se ausentaba del servicio con cierta frecuencia, incluso durante horas y con su arma reglamentaria, sin que la Policía Local estableciera medidas preventivas. De hecho, la Policía Local se enteró del crimen cuando el 092 recibió las llamadas de auxilio.
Hasta el año 2019, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Ceuta hacía los mismos controles a todos los funcionarios, independientemente de su profesión. El cuestionario de salud era rellenado por el propio trabajador, que podía mentir sin ninguna consecuencia, como lo hizo el agente al marcar un “no” en la casilla en la que se le preguntaba si hacía deporte, cuando era pública su afición al ciclismo. O cuando también marcó un “no”, ante la pregunta de si sufría alguna enfermedad psíquica, cuando llevaba años tratándose en Algeciras.
Las acusaciones reclaman una condena a la Ciudad de Ceuta
En consecuencia con esta situación no resulta extraño que el abogado de la acusación particular calificara los controles de la Ciudad Autónoma como “patéticos”. Y tampoco lo es que las acusaciones, tanto Fiscalía como Acusación Particular, reclaman una condena a la Ciudad Autónoma para que en el futuro se establezcan controles adecuados sobre la salud psíquica de los policías.
Sin embargo, la Ciudad mantiene que no detectó nada anómalo, que los cuestionarios rellenados por los propios agentes no reflejaban incidencia alguna o alerta y que existió un informe de Riesgos Laborales en donde se indicaba que era apto, aunque instándole a una revisión en su médico de cabecera. Todo eso y que, cuando se le detuvo, estaba centrado y respondía de manera coherente.
La Fiscalía pide una sanción penal a la Ciudad Autónoma de 575.000 euros y la Acusación Particular la eleva a 895.000. La Ciudad mantiene, a través de su abogado, que no es responsable, pero de ser así, la cuantía debería ser de 100.000 euros.
