La Audiencia Provincial de Madrid reabrió hace algo más de 15 días el caso de los posibles amaños en las oposiciones a comisario e inspector de la Policía Municipal de Madrid y el juez ya ha tomado las primeras decisiones. En concreto, el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha ordenado que declaren en calidad de investigados el Director de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez Pérez; Ana María Padilla, que aprobó el año pasado la controvertida oposición y a quienes los denunciantes indican como amiga íntima de Pablo Enrique Rodríguez; además, también ha sido citado para declarar el comisario José Rodríguez Vaca, que mantenía una relación estrecha con uno de los aspirantes a la oposición de inspectores, oficial de la Policía en Alcalá de Henares.
Asimismo, tendrán que prestar declaración ante el juez Rosario Ordoño Vara, la administradora de la sociedad Academia Cronos, en la que daba clases su marido el comisario Miguel Carmona Gavela, y Josefina Moreno López, esposa del comisario de la Policía Municipal ya jubilado José Luis Morcillo, que finalmente no aprobó la oposición para intendente aunque sacó una de las mejores notas en el primer ejercicio.
Las oposiciones a comisario e inspector en la Policía Municipal de Madrid están bajo sospecha de un presunto delito de cohecho y tráfico de influencias por el supuesto vínculo de los aspirantes aprobados con miembros del tribunal y con la academia de preparación de oposiciones a la Policía Municipal dirigida por la mujer del comisario Miguel Carmona, uno de los investigados por el juez.
En dos ocasiones, el juzgado archivó el caso, pero la Audiencia Provincial ha pedido de nuevo al juez que indague más en el asunto tras los recursos presentados por APMU (Asociación de Policía Municipal Unificada) al que se adhirió la Unión de Policía Municipal (UPM).
El auto de la Audiencia Provincial de Madrid
Según el auto de la Audiencia Provincial de este mes de octubre «existieron tratos de favor, tráfico de preguntas, favorecimiento a familiares y allegados en la realización de dos procesos selectivos dentro del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, y en particular, en la oposición para el acceso a la categoría de Inspector/a del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid por el turno libre, y, por otro lado, en la oposición para el acceso a la categoría de Intendente (comisario) del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid por el turno libre.»
Añade que hay un entramado «en el que se encuentran inmersos altos cargos del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, parejas, hijos, familiares, amigos, una academia formadora de opositores (Cronos) y parte de su profesorado… viéndose beneficiados por esta práctica alumnos y profesores adscritos a las academias gestionadas por el Sr. Carmona Gavela y su esposa, también familiares y allegados a las personas que forman el núcleo del entramado…»
En el auto la Audiencia Provincial de Madrid cita alguna jurisprudencia del Tribunal Supremo insistiendo que es necesario «dar satisfacción a una demanda de la sociedad, que lógicamente quiere que quien va a estar a su servicio sea el mejor en las funciones que se le reclaman, el de mayor mérito y capacidad de entre los aspirantes».
Señala además que «los denunciados disponen con anterioridad a la celebración de las pruebas selectivas, las preguntas test que van a ser objeto de calificación en dichas pruebas. Una vez se dispone de ellas, estas preguntas se filtran a las personas que interesan que bien pueden ser familiares, allegados, o -incluso-, a desconocidos a cambio de una remuneración económica». «Preguntas, según tesis de la apelante, que también fueron facilitadas a varios profesores de las precitadas academias (pues la academia Cronos gestiona diversos centros formadores de opositores de la CAM) haciendo hincapié en que no se ha llamado a un solo alumno ni a un solo profesor del citado centro».
Finalmente, concluye ordenando que «deben declarar en calidad de investigados el resto de denunciados, debe pronunciarse el Juzgado sobre todas y cada una de las diligencias de investigación que se han ido reiterando sin haberse dado respuesta motivada sobre su admisión o no y lo debe hacer de modo individual, pues en caso de no admitir su práctica se debe razonar por qué no resultan útiles, sin que baste una desestimación genérica, sobre todo teniendo en cuenta que, de entre las muchas diligencias que se instan, se solicita información tributaria sobre la repetida academia, pudiendo comparar fruto de esa información la situación patrimonial de la misma antes y después del proceso selectivo tratado, y debe pronunciarse el Juzgado sobre el resto de delitos denunciados».
El pasado mes de junio el mismo juzgado 31 de Madrid archivó por segunda vez la causa acerca de los supuestos tejemanejes en dos oposiciones a la Policía Municipal de la capital, en la que estaban investigados tanto el actual jefe del Cuerpo, Óskar de Santos, como los antiguos altos mandos, José Luis Morcillo y Miguel Carmona, y otras 12 personas más relacionadas con ambos procesos.
Toda esta causa arrancó en 2022 por una denuncia de Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) a la que adhirió UPM (Unión de Policía Municipal) contra cinco altos cargos de la Policía Municipal de Madrid y una decena de amigos y familiares implicados por posibles delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en dos oposiciones: una para el acceso a la categoría de inspector por el turno libre y otra para ser intendente (ahora Comisario) del Cuerpo, también por el turno libre.
La Fiscalía Anticorrupción también investigó las posibles irregularidades en las oposiciones a comisarios e inspectores de la Policía Municipal de Madrid. Los miembros de ambos tribunales pasaron por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Municipal para prestar declaración. Todos negaron las acusaciones de cohecho y tráfico de influencias.
