Un agente de la Policía Local de Alicante ha sido detenido como presunto autor de un delito relacionado con la colocación de un dispositivo de geolocalización en un vehículo particular de su expareja. Según las informaciones conocidas, el dispositivo habría sido instalado en el coche de su expareja sin su conocimiento, lo que motivó la correspondiente denuncia y la apertura de diligencias por parte de la Guardia Civil.
El arrestado, que se había divorciado hace seis años de la denunciante, habría colocado un dispositivo de geolocalización en el coche de su expareja sin su consentimiento. Una vez detectado y retirado, dos semanas después, el denunciado habría instalado otro localizador en el mismo vehículo, según se desprende de las pesquisas.
La actuación policial derivó en la detención del agente, que posteriormente fue puesto a disposición judicial para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales.
Al agente arrestado se le atribuye la posible comisión de tres delitos: violencia doméstica y de género -en concreto, de acoso-, contra la intimidad y de maltrato habitual. El juzgado ha impuesto al arrestado una orden de alejamiento respecto a su expareja y su hija, con la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros o a cualquier lugar que frecuenten, así como de comunicarse con ellas por cualquier medio. En caso de incumplimiento, el tribunal acordará su ingreso en prisión provisional.
Este tipo de conductas, ajenas al ejercicio profesional, se enmarcan en el ámbito privado pero pueden conllevar implicaciones legales relevantes, especialmente en lo relativo a la protección de la intimidad y el uso indebido de dispositivos de seguimiento. Desde una perspectiva institucional, este caso pone de relieve la importancia de mantener los estándares éticos y deontológicos exigibles a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto en el desempeño de sus funciones como en su conducta personal.
Asimismo, subraya la necesidad de seguir reforzando la formación en materia de protección de datos, privacidad y uso de tecnologías, ámbitos cada vez más presentes en la actividad cotidiana y con impacto directo en los derechos fundamentales de la ciudadanía.
