Los que tenemos la suerte de poder disfrutar de unas vacaciones estivales sabemos de las aglomeraciones que se producen en algunas playas españolas y, concretamente en las de la malagueña Costa del Sol. Tanto es así que, en algunas de ellas, como en las de Torrox (19.000 habitantes) hay gente que se las ingenia para que su familia -a pesar del gentío playero- dispongan de su sombrilla y su lugar en la playa.
La estrategia es simple y tiene sus pequeños costes: alguien de la familia madruga, plantifica en la playa sillas, sombrillas y toallas y así reserva su espacio para cuando llegue toda la prole. Evidentemente, siempre hay una cruz en ese comportamiento y es que así se priva, de forma muy cuestionable, que ese espacio lo puedan disfrutar otras familias, que llegan conjuntamente a la playa pero no encuentran sitio porque está ocupado por sillas y toallas vacías.
Para acabar con esa práctica, Óscar Medina, el alcalde de Torrox, ha aprobado una norma municipal que prohíbe la reserva de espacios “es decir, esas personas que cogen la primera línea a las siete de la mañana y no llegan hasta la una de la tarde o aquellos que la colocan al mediodía y no vienen hasta las siete de la tarde. La policía persigue estas conductas porque queremos que todos disfrutemos de las playas», explica.
Así, la Policía Local, cada día hace visitas a las playas del municipio, comprueba exhaustivamente que los objetos que guardan espacio en la playa están allí sin nadie y, si es así, incautan esos objetos y se los llevan con un pequeño camión, informando previamente del lugar donde pueden ir a recogerlos. Desde finales de julio, la Policía Local ha retirado ya más de 50 lotes y, en total, ha requisado unos 300 objetos entre sombrillas, mesas, toallas y otros enseres de playa.
Según contempla la correspondiente ordenanza municipal, los objetos requisados permanecen en dependencias municipales durante un periodo máximo de catorce días. La sanción mínima para las personas que acuden a recoger sus pertenencias es de 30 euros, que los propietarios deben pagar antes de que termine el plazo ya que, a partir de esa fecha, pasan a considerarse «residuos» y son destruidos.
«No obstante -dice el alcalde- estamos estudiando que aquellos objetos que nadie reclame a tiempo puedan ser donados a una ONG en lugar de que sean destruidos». Medina también aclara que la intención de esta medida no es recaudatoria, puesto que lo que pretenden es eliminar esta conducta incívica.
Según manifiesta el alcalde, esta es la medida más alabada y querida por los vecinos y, además, cree que el cien por cien de ellos la aplaude porque «no entienden» que haya personas que quieran «aprovecharse» de un lugar destinado al ocio público.
