Una de las características, en este caso entendemos que positivas, que significan a los cuerpos de policía local en España, viene dada por el amplio número de competencias y funciones que a éstos pueden ser asignadas.
Efectivamente, los funcionarios de los cuerpos de Policía Local tienen fijadas sus competencias en un amplio abanico de normas estatales (Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley Orgánica del Poder Judicial, Real Decreto de Policía Judicial, etc.) Además, como norma de ámbito nacional específica hacia las policías locales tenemos la Ley de Régimen Local, en el ámbito autonómico están las leyes de coordinación, y con carácter local las Ordenanzas Municipales.
Toda esta variedad normativa, que reparte competencias y dispone funciones para los cuerpos de policía local, abren un cauce de competencias que van mucho más allá de las que con carácter general corresponden por ser parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, alcanzando su culmen en el singular mundo de las ordenanzas municipales.
Precisamente amparándose en ese tipo de normas, los ayuntamientos españoles tratan de afrontar con diversas medidas el fenómeno social suscitado a partir de la proliferación de las llamadas viviendas turísticas de alquiler, y una de ellas supone la creación de grupos de intervención dentro de las policías locales para acometer el fenómeno turístico.
En Sevilla, su Alcalde ha dado una rueda de prensa para anunciar que el Grupo de Policía Turística de la Policía Local tendrá encomendado localizar y en su caso denunciar aquellas viviendas destinadas al ámbito turístico que no tengan autorización administrativa para ello, y para las que sean denunciadas, el regidor municipal anuncia que se procederá al corte de suministro de agua de esas viviendas.
Para posibilitar estas inspecciones, el Alcalde de Sevilla ha comunicado que van a proceder a incrementar el número de componentes de este grupo de policía turística, e igualmente a poner en marcha unidades administrativas que den soporte a los expedientes que se inicien.
Según expuso el Alcalde, la labor comenzará por detectar este tipo de actividad ilegal, una vez verificada la falta de autorización se dispondrá el cese de la actividad, y si esta continua se verificará que no exista persona alguna censada en el domicilio antes de proceder al corte del suministro de agua.
