La institución del Defensor del Pueblo de Navarra ha recomendado al Ayuntamiento de Burlada/Burlata la adopción de medidas adicionales orientadas a garantizar la seguridad del vecindario afectado por la ocupación ilegal de un inmueble ubicado en la calle Mayor. La resolución, firmada el 13 de febrero de 2026 por el Defensor, Patxi Vera Donazar, analiza diversas actuaciones policiales vinculadas al citado edificio.
La queja fue presentada el 18 de diciembre de 2025 por un vecino que alertaba de la situación de inseguridad generada en el entorno. Tras requerir información al Consistorio, la institución examinó los partes de intervención remitidos y aprecia falta de diligencia en la respuesta policial, señalando especialmente la actuación de la Policía Municipal de Burlada/Burlata.
Actuaciones objeto de análisis
La resolución recoge tres intervenciones relacionadas con el inmueble:
- Julio de 2025: tras la denuncia del titular o poseedor legítimo de la vivienda por forzamiento de la cerradura, no consta la movilización de unidad policial local, derivándose al denunciante al servicio 112.
- Octubre de 2025: en una actuación posterior se identificó a dos personas en el interior del piso, una de ellas con orden de detención en vigor. Según la documentación examinada, no se ejecutó dicha orden de forma inmediata.
- Día siguiente: ante la denuncia por posible incumplimiento de una orden de alejamiento, se confirmó la vigencia tanto de la requisitoria judicial como de la medida de protección. No obstante, la unidad actuante no adoptó nuevas medidas al no existir quejas vecinales por ruidos o alteraciones, sin que —según expone el Defensor— se realizaran comprobaciones suficientes para valorar un eventual riesgo para la persona protegida.
Competencias y límites de actuación
El Defensor recuerda que la ocupación ilegal de inmuebles constituye una problemática de carácter multifactorial cuya solución definitiva depende, en última instancia, de la autoridad judicial, siendo la propiedad quien debe instar el correspondiente procedimiento de desahucio.
Sin perjuicio de ello, subraya que las entidades locales disponen de competencias en materia de seguridad ciudadana que permiten intensificar la vigilancia preventiva, reforzar la presencia policial en la zona, identificar a los titulares del inmueble y trasladarles formalmente la situación para que puedan ejercer las acciones legales oportunas.
En aplicación del artículo 34.1 de la Ley Foral 4/2000, el Defensor formula recomendación expresa al Ayuntamiento para que adopte medidas adicionales que contribuyan a preservar la seguridad vecinal. El Consistorio dispone de un plazo máximo de dos meses para comunicar si acepta la resolución y detallar las actuaciones que, en su caso, pondrá en marcha.
