El Alto Tribunal inadmite el recurso presentado por el Concello de Ourense y ratifica la sentencia del TSXG que reconoció el acoso laboral sufrido durante años por la intendente-jefe María Barrera. La resolución señala la falta de activación del protocolo antiacoso y la ausencia de medidas eficaces por parte de la institución municipal.
El Alto Tribunal inadmite el recurso presentado por el Concello de Ourense y ratifica la sentencia del TSXG que reconoció el acoso laboral sufrido durante años por la intendente-jefe María Barrera. La resolución señala la falta de activación del protocolo antiacoso y la ausencia de medidas eficaces por parte de la institución municipal.
El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por el Concello de Ourense, lo que convierte en firme la sentencia dictada previamente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Esta resolución judicial reconoce que la intendente-jefe de la Policía Local, María Barrera, fue víctima de acoso laboral durante un periodo prolongado.
Según recoge la providencia, el alto tribunal gallego ya había descrito “hechos prolongados en el tiempo y con notoriedad en el entorno”, en referencia a una situación que se extendió aproximadamente durante cinco años. La sentencia consideró acreditado que la trabajadora sufrió conductas reiteradas en distintos ámbitos, incluidas manifestaciones en redes sociales, publicaciones en prensa y actuaciones en dependencias municipales como juntas de área y reuniones con presencia de asesores.
El fallo del TSXG condenó tanto al exconcejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, como al propio Concello de Ourense por acoso laboral. En la fundamentación jurídica se subraya que no consta “la adopción de medidas eficaces ante determinados hitos relevantes”, entre ellos la falta de activación del protocolo antiacoso, pese a la existencia de una denuncia formal presentada por la afectada.
La resolución también alude a un episodio concreto en el que, tras causar baja por incapacidad temporal, se ordenó la entrada en el despacho de la intendente-jefe con la intervención de un cerrajero, sin que el Concello adoptase medidas correctoras posteriores. El tribunal destaca que tampoco se activó el protocolo correspondiente tras la denuncia por acoso laboral.
Con la decisión del Tribunal Supremo, contra la que no cabe recurso, la sentencia del TSXG adquiere firmeza y pone fin al recorrido judicial del caso en la vía ordinaria. La resolución consolida el reconocimiento judicial de la situación de acoso laboral sufrida por la máxima responsable de la Policía Local ourensana y fija la responsabilidad institucional por la falta de actuación preventiva y correctora.
