Un juzgado de Barcelona ha acordado la imputación de los exdirectores de la Guardia Civil Félix Vicente Azón y María Gámez en el marco de una investigación por presunto espionaje ilegal mediante los programas Pegasus y Candiru. Se trata de la primera vez que una causa judicial sobre este asunto alcanza de forma directa a la cúpula del cuerpo policial.
La magistrada Julia Tortosa García-Vaso, titular de la plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, ha acordado asimismo investigar a Paz Esteban, exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia, que ya ha sido llamada a declarar en otras cuatro ocasiones como investigada en procedimientos relacionados con este caso.
La investigación se origina a raíz de una querella presentada por el colectivo Sentinel Alliance, integrado por cinco profesionales del ámbito tecnológico especializados en votación digital e identidad digital soberana, que sostienen haber sido espiados durante al menos dos años, desde 2019. La denuncia documenta 78 infecciones en sus dispositivos, según los análisis del Citizen Lab, con capacidad para extraer archivos, acceder a comunicaciones y activar micrófonos y cámaras.
Además de las responsabilidades políticas y operativas, la jueza abre una nueva línea de investigación relativa al posible uso del software Candiru, distinto de Pegasus, por parte de organismos de inteligencia españoles. En este contexto, han sido imputados directivos de la empresa desarrolladora del programa, Saito Tech Ltd., así como responsables de la compañía israelí NSO Group, comercializadora de Pegasus, y de sus filiales europeas con sede en Luxemburgo.
La imputación de Azón añade una complejidad procesal relevante, ya que desde el año pasado es magistrado del Tribunal Supremo y, por tanto, aforado. Esta circunstancia obligará a la instructora a elevar una exposición razonada al Alto Tribunal para que determine si procede su investigación.
Los querellantes han solicitado al Gobierno la desclasificación de documentación sobre el uso de Pegasus y Candiru, la emisión de órdenes europeas de investigación a Luxemburgo y comisiones rogatorias a Israel, así como la práctica de periciales independientes sobre sus teléfonos. También denuncian que información obtenida de forma ilícita fue posteriormente filtrada a medios de comunicación con el objetivo de perjudicar su reputación profesional, extremo que todas las investigaciones previas han terminado archivando.
Desde la acusación particular se valora la resolución judicial como el inicio de una instrucción “compleja pero imprescindible para la defensa del Estado de derecho”, mientras que los querellantes subrayan que las imputaciones suponen un avance en la fiscalización del uso de herramientas de espionaje de carácter intrusivo contra la sociedad civil.
