La Justicia investiga a un agente de la Policía Local de Mogán, identificado con las iniciales O.L.S.N., acusado de apropiarse presuntamente del dinero procedente de sanciones de tráfico cobradas a los infractores. Según el sumario instruido por el Juzgado de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, el funcionario habría desarrollado una actividad irregular y continuada entre 2020 y 2025, apropiándose de una suma total que asciende a 135.860 euros, procedentes de 1.382 procedimientos sancionadores anulados posteriormente.
Las investigaciones reflejan que la conducta presuntamente delictiva se inició de forma aislada en noviembre de 2020, con la cancelación de una única multa por la que habría retenido 100 euros. A partir de 2021, el patrón se repitió de forma “continua y ascendente”, alcanzando su punto más alto en 2024.
Estos son los importes no ingresados detectados por año:
- 2020: 100 € correspondientes a 1 multa
- 2021: 7.880 € por 80 sanciones
- 2022: 26.340 € por 276 multas
- 2023: 21.840 € por 225 procedimientos
- 2024: 45.360 € por 456 multas
- 2025: 34.340 € por 344 sanciones
El agente utilizaba su PDA de servicio para iniciar el procedimiento sancionador y registrar el pago en efectivo, generalmente abonado por turistas, a los que entregaba el correspondiente boletín. Posteriormente, eliminaba la infracción del sistema, de modo que esta quedaba invisibilizada en los registros municipales. De esta forma, las sanciones figuraban como “abonadas en el acto” pero no ingresadas en las cuentas públicas.
Descubrimiento fortuito del fraude
El presunto fraude salió a la luz en 2025 durante una revisión técnica interna. La empresa pública Mogán Gestiona, encargada del mantenimiento de las aplicaciones de las PDA, analizaba el sistema con el fin de elaborar un manual para nuevos agentes. En ese proceso, se detectó que un solo policía acumulaba 130 sanciones de tráfico canceladas tras haberse marcado como cobradas en metálico.
Ante la anomalía, la empresa comunicó el hallazgo al jefe accidental de la Policía Local de Mogán, Marcos Domínguez, quien informó a la alcaldesa Onalia Bueno. Siguiendo sus indicaciones, el 24 de junio de 2025 se formalizó una denuncia en el Cuartel de la Guardia Civil de Puerto Rico, al considerar “inusual” el volumen de sanciones anuladas con pago efectivo.
Según la Guardia Civil, O.L.S.N. centraba gran parte de su actividad en la Avenida Tomás Roca Bosch, la principal vía de Puerto Rico (Mogán), donde las maniobras indebidas de los conductores —como rebasar la línea continua, acceder a la gasolinera desde zonas prohibidas o estacionar en espacios restringidos— eran frecuentes. Allí, el agente interceptaba principalmente a turistas e instaba al pago inmediato en metálico, conforme permite la normativa.
El seguimiento de la Benemérita incluido en el sumario recoge ejemplos documentados. En uno de ellos, el 24 de julio de 2025, los investigadores observaron cómo el agente sancionaba a una pareja británica a las 10:40 horas, registraba la denuncia en la PDA y la anulaba a las 08:39 del día siguiente. El importe nunca llegó a las cuentas municipales.
La Guardia Civil, tras recabar múltiples declaraciones de conductores sancionados y contrastar la información de Mogán Gestiona, solicitó al juzgado en octubre de 2025 que declarara el caso secreto de sumario, medida que fue aceptada. El agente se encuentra actualmente en libertad provisional desde el 3 de febrero, investigado por malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa.
