La Fiscalía solicita una condena de 30 años de prisión para un policía local de Marbella, acusado de haber violado a su esposa en dos ocasiones distintas, en los años 2021 y 2022. El ministerio público considera que estos hechos constituyen dos delitos contra la libertad sexual, concretamente en la modalidad de violación.
Por cada uno de estos delitos, la Fiscalía propone una pena de 15 años de prisión, sumando así un total de 30 años. Además, solicita la imposición de 20 años de libertad vigilada y 36 años de prohibición de comunicarse o aproximarse a la víctima, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar que frecuente, independientemente de la presencia de ella.
A estas peticiones, se suma la solicitud de 40 años de inhabilitación especial (20 por cada delito) para ejercer cualquier profesión, oficio o actividad que implique contacto directo o regular con menores de edad.
Por un tercer delito, en este caso por vejaciones, la Fiscalía solicita una pena de 30 días de localización permanente, así como una orden de alejamiento similar a la anterior durante seis meses, periodo en el que tampoco podrá comunicarse con la víctima. En cuanto a la responsabilidad civil, el fiscal propone que el acusado indemnice a la víctima con 5.000 euros.
La acusación particular coincide con la Fiscalía y solicita los mismos años de prisión para el acusado. Por su parte, la defensa ha decidido no hacer declaraciones respecto a estas peticiones. Fuentes judiciales indican que todavía no se ha fijado la fecha para la celebración del juicio.
Los hechos
Según las conclusiones provisionales del ministerio público, los hechos ocurrieron mientras el acusado y la víctima seguían casados, aunque residían en domicilios distintos: él en Marbella, debido a su trabajo, y ella en otro municipio de la provincia.
Durante la relación, hasta los hechos investigados, el acusado habría mantenido un consumo habitual de alcohol y habría protagonizado episodios violentos durante discusiones con su esposa, insultándola y golpeando mobiliario. El fiscal destaca que la condición de agente de la autoridad y la posesión de un arma de fuego causaban miedo a la víctima, hasta el punto de que ella procuraba adaptar su comportamiento para evitar reacciones agresivas por parte del acusado.
La acusación pública sitúa el primer episodio a lo largo del 12 o 13 de noviembre de 2021, cuando ambos se encontraban en el dormitorio de la casa del agente. Tras una primera relación consentida, «amedrentó a su mujer para obligarla a seguir manteniendo sexo, para lo cual se alteró y gritó ante las negativas» de ella, que, con la intención de prevenir nuevas reacciones violentas y el enfado del acusado, finalmente se dejó penetrar vaginalmente tres veces más y le practicó sendas felaciones sin que esa fuera su voluntad, detalla el documento.
Meses después, el 2 de mayo de 2022 y en casa de ella, siempre según la fiscalía, el acusado la llamó «puta» y «zorra» y adoptó una actitud violenta golpeando diverso mobiliario de la residencia. Esta versión añade que tras poner su arma reglamentaria en el regazo de su mujer le dijo: «Si estás tan deprimida, pégate un tiro». Agrega que lo hizo a sabiendas de que ella estaba pasando por un proceso depresivo. «Ese mismo día, a lo largo de la tarde y en ese contexto de reacción desaforadamente violenta, amedrentadora y humillante, el acusado se dirigió al dormitorio de ella y, sirviéndose del clima de temor que había creado, le obligó a que le franqueara el paso al cuarto y a que se dejara penetrar vaginalmente en una nueva relación sexual que la víctima no deseaba», añade el escrito antes de concluir que realizó estos hechos «con un total desprecio» a la libertad sexual de la que disfrutaba su esposa, en cuanto a capacidad como mujer tenía para decidir si mantenía relaciones sexuales con su marido, así como el contenido de estas».
